Según ha confirmado a este Diario la propia CLASA, “en la renovación y la formalización de nuevos contratos de arrendamiento de oficinas en los Edificios de Servicios Generales de los tres Centros de Carga Aérea se ha previsto la inclusión de un aval en garantía de rentas y servicios impagados y posibles daños a la propiedad”.
De acuerdo con la información aportada por diversas compañías, hasta el momento CLASA exigía a los arrendatarios en el momento de la formalización del contrato una fianza de tres meses de renta.
Ahora, con las nuevas condiciones, la afianza ha pasado a ser de dos meses pero, eso sí, se incluye el referido aval.
En concreto, según los datos que ha podido recabar este Diario de empresas afectadas por los nuevos cambios, para las empresas con oficinas alquiladas de menos de 50 metros cuadrados, CLASA está exigiendo un aval de 6 mensualidades de la renta más los gastos de comunidad.

Metros cuadrados
En el caso de las oficinas de entre 51 y 250 metros cuadrados, el aval exigido es de 9 mensualidades. Por último, para oficinas de más de 250 metros cuadrados, el aval que se está pidiendo en los nuevos contratos y en la renovación de los existentes es de 12 meses. En el caso de los locales comerciales el aval es también 12 meses.
Para las empresas consultadas por este Diario, el aval que se exige es desproporcionado, sitúa el precio de las oficinas de los Centros de Carga Aérea fuera de mercado y puede plantear problemas de tesorería a las compañías.
Este Diario ha calculado a cuánto podrían ascender los avales tomando como ejemplo el Edificio de Servicios Generales del Centro de Carga Aérea de Madrid. Según los datos aportados por las empresas consultadas, en estos momentos el precio metro cuadrado/mes en el CCA de Barajas asciende a 19,5 euros, mientras que los gastos de comunidad metro cuadrado/mes son 5,5 euros.
Esto implica un gasto de 25 euros metro/cuadrado mes. Así, en el caso de una oficina grande, de por ejemplo 300 metros cuadrados, estaríamos hablando de que si el aval son 12 mensualidades de renta más gastos éste ascendería a un total de 90.000 euros.
Esta importante cifra exigiría unos intereses por parte del banco que concede el aval, aunque no es este el punto que más preocupa a las compañías. Para algunas de ellas, al tratarse de cifras tan elevadas y estar hablando en ocasiones de empresas de tamaño medio, el banco puede aplicar una pignoración sobre la tesorería de estas empresas, con lo que ello conlleva.

Flexibilización “drástica”
Según ha podido saber este Diario, un número de empresas representativo de entre las instaladas en el Edificio de Servicios Generales de Madrid-Barajas, de las más grandes y con más superficie, se han coordinado y puesto recientemente en contacto con CLASA para buscar “una flexibilización drástica” de las condiciones establecidas por la entidad.
Se está a la espera de nuevas reuniones para buscar un acercamiento de posturas pues la oposición de estas empresas a la medida es “frontal”, se asegura.

“CLASA maneja fondos públicos que no puede dejar desasistidos al arbitrio de una parte”
CLASA ha explicado a Diario del Puerto, Diario de Logística las razones que le han llevado a aplicar estas nuevas condiciones en los alquileres.
“Esta decisión no es agradable por supuesto para CLASA”, aseguran en la entidad, pero “ha venido impuesta por el hecho de que varias empresas han incumplido sus obligaciones de pago, incluso al entrar alguna de ellas en concurso de acreedores”.
Para CLASA, “dado el dilatado plazo que conlleva la resolución judicial de las demandas presentadas, con sentencias, por cierto, siempre a favor de CLASA, que supone un elevado riesgo para la Sociedad, se ha estimado necesario aplicar esta medida contractual”.
Según la entidad, en los problemas con los inquilinos se dan circunstancia añadidas: “En algún caso, además de la falta de pago, se ha producido un importante retraso en la devolución de la oficina, con el quebranto que ello produce”.
Ante esta repetida situación, CLASA “ha acomodado su política de garantías a lo común en el mercado de arrendamiento de oficinas, que establece avales, en la totalidad de los casos estudiados, que oscilan entre los seis y los doce meses de renta”. Así lo ha confirmado un reciente estudio realizado, a petición de CLASA, “por una importante consultora del mercado inmobiliario”, por lo que la entidad rechaza que esta medida esté fuera de mercado.
CLASA, además, advierte de que son “una sociedad estatal que maneja fondos públicos que merecen una especial atención y cuidado y que no deben dejarse desasistidos al arbitrio de una de las partes”.
Con respecto a la “preocupación” entre las empresas instaladas, CLASA asegura que “la mayor parte de las empresas han renovado o suscrito los contratos de forma regular y sin problema alguno. Solamente un reducido número de ellas han expresado su inquietud por este tema”.
En cuanto a si hay abiertas vías de diálogo con las empresas disconformes, la entidad afirma que “CLASA debe dialogar, y así lo hace de forma permanente con los clientes de sus centros y, en este sentido, ha recibido con atención las preocupaciones que este tema ha suscitado”.
No obstante, según la entidad, “hay que tener en cuenta que la defensa de los intereses generales y la equidad de trato a todos sus clientes son máximas que han de regir el comportamiento empresarial de CLASA, dado su carácter público”.
En respuesta a estas inquietudes, CLASA afirma haber encargado el citado estudio que “confirma el uso de los avales como fórmula habitual de garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales”.

En cifras
ESG Madrid-Barajas:
19.332 m2 construidos
200 empresas instaladas (aprox)

ESG Barcelona-El Prat:
14.893 m2 construidos.
130 empresas instaladas (aprox)

ESG Valencia-Manises:
2.365 m2 construidos
40 empresas instaladas (aprox)