La Comisión Europea había denunciado ante el Tribunal de Luxemburgo que la legislación española permite ciertas bonificaciones y exenciones de las tasas portuarias que son contrarias al principio comunitario de libre prestación de servicios de transporte marítimo.
El Tribunal dio ayer la razón al Ejecutivo comunitario y además destacó que España no ha formulado en su defensa ningún argumento jurídico y se ha limitado a decir que está trabajando para adaptar su normativa a la fijada por la Unión Europea.
En concreto, España ha señalado que está elaborando el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Puertos de 2003 que debería aprobarse a principios de este año y que, según lo informado a la UE, derogará las disposiciones nacionales que no se adaptan a la ley comunitaria.
Según la normativa de la UE, la libre prestación de servicios de transporte marítimo -entre estados miembros y entre éstos y terceros países- debe aplicarse a los nacionales de un estado miembro con independencia del lugar de residencia.
Asimismo, dispone que se respete este mismo principio para los ciudadanos comunitarios y las compañías navieras comunitarias establecidos fuera de la UE.

Origen y destino
El Tribunal coincide con la Comisión Europea en que mantener el régimen de España supone conceder una ventaja injustificada al tráfico marítimo interno frente al intracomunitario, así como al tráfico marítimo interno e intracomunitario frente al llevado a cabo entre un estado miembro y un país tercero.
También observa que la distinción no responde a diferencias en los costes de los servicios portuarios, sino que depende de los lugares de destino y origen de los buques.