Los transportistas están que trinan y con toda la razón. Como no tenían problemas, ahora tendrán que tener en cuenta una nueva normativa que encarecerá, inevitablemente, el servicio que prestan.
Y lo peor, difícilmente podrán repercutir este coste adicional a las tarifas que ofrecen. Porque, teniendo en cuenta la voracidad del mercado, a ver quién es el valiente que, de buenas a primeras, puede permitirse hablar con los cargadores de nuevas tarifas sin tener que escuchar el “pues fulanito me lo deja al mismo precio”.
El rollo es que la pasada semana, el jueves para ser más precisos (el día antes de irse de finde largo porque el viernes era festivo en Madrid), se aprobó un Real Decreto Ley por el que “por razones de seguridad vial o medioambientales, en determinadas carreteras se prohibirá circular a determinados vehículos pesados en las carreteras convencionales, obligándolos a circular por las autopistas de peaje”. Enseguida, las patronales de transporte de mercancías por carretera CETM y ASTIC, así como las federaciones de Valencia y Murcia (FVET y FROET), alzaron la voz mostrando su total disconformidad con la regulación aprobada, aunque ésta incluya descuentos en los importes de los peajes (¿me obligas y no me lo dejas gratis?), porque los nuevos gastos extra no son poca cosa. Hablamos del aumento innecesario de los kilómetros recorridos, importantes pérdidas de tiempo por las complicaciones de acceder o abandonar las vías de peaje o el secuestro de los chóferes en el entorno de las autopistas de peaje para hacer gastos propios de las áreas de descanso convencionales (repostar, comer, mantenimiento del vehículo, descanso, etc.). Es más, ¿están las autopistas preparadas para ofrecer todos esos servicios a tantos usuarios profesionales?
Además, hay otro asunto, si se establecen desvíos obligatorios, ¿se está atentando contra el derecho fundamental de la libre circulación? ¿Cuáles son las razones que justifican semejante medida? Que lo expliquen bien porque si no vamos a pensar que todo se hace para dar vida a estas autopistas concesionadas infrautilizadas que reclaman beneficios a golpe de llamadita de teléfono al político de turno.
Y otro asunto importante. Esta medida vuelve a retorcer, malévolamente, la imagen del colectivo porque, de nuevo, se pone sobre la mesa la idea de que los camiones son malos, peligrosos, contaminantes... porque, “si no es por eso, ¿por qué les prohíben ir conmigo por la carretera? Si no les dejan, será por algo”. Así, sin pensarlo, reaparece la campaña de desprestigio y estigmatización que apunta hacia el transporte profesional como principal causante de la siniestralidad en este tipo de vías cuando, en realidad, los siniestros del colectivo han descendido un 20% en el último año. Cosa que no han logrado el resto de usuarios de las carreteras.
El compromiso del sector del transporte por carretera con la seguridad vial es evidente (formación continua de los conductores, cumplimiento de las horas de descanso, vehículos que cuentan con las últimas medidas de seguridad activa y pasiva). ¿Qué sentido tendría que no lo hicieran? ¡Pero si son sus trabajadores los que van en los camiones!
Así las cosas, se comprende la crispación del colectivo y las advertencias lanzadas desde federaciones como la valenciana FVET: “Pedimos al Ministerio que den marcha atrás y reconsideren la postura. De lo contrario, nos veremos obligados a tomar decisiones que afectarán de forma muy negativa al funcionamiento tanto de las carreteras como de los servicios de transporte”. Pues nada. O se lo toman en serio en Madrid o tendremos lío en breve. Porque mientras todo esto sucede, el gasóleo sigue en escalada libre.
