El reconocimiento del transporte marítimo terrestre como un servicio portuario más ha sido y es uno de los principales objetivos de los transportistas autónomos y de las asociaciones que los representan en los puertos del sistema estatal. Fue precisamente esta reivindicación la que en 2006 impulsó la creación de la Federación Nacional de Transportistas Portuarios (Fenatport) como asociación con un interés común, el del sector del transporte terrestre portuario.
La implantación del servicio comercial, la participación en las mesas de trabajo, la eficiencia y la lucha contra la competencia desleal, fueron precisamente objeto de análisis en la Asamblea que celebró la pasada semana Fenatport en Barcelona, y en la que se repasó también la situación en los diferentes puertos representados, como Barcelona (Sintraport), Valencia (Transcont), Tarragona (Tarracoport) o Bilbao (Asotrava), organizaciones a las que se acaba de unir la Asociación de Transportistas de Contenedores de la Bahía de Algeciras (ATCBA). El balance de la participación de los miembros de Fenatport en las mesas de trabajo es positivo, destacando su presencia activa en los órganos de decisión de sus respectivos puertos, si bien la Asamblea puso relieve la “ausencia de medidas” en este sentido desde el Puerto de Bilbao.
Precisamente, Asotrava, la organización integrada en Fenatport, heredera del sindicato Sintrabi y que hoy es minoritaria en el transporte terrestre en el Puerto de Bilbao tras la irrupción de ATAP en 2013, ha trasladado a la Autoridad Portuaria de Bilbao su inquietud por la modificación del Pliego de condiciones del servicio comercial de transporte terrestre portuario, que, según asegura, se ha realizado “sin consulta previa a las asociaciones de transportistas”. En opinión de Asotrava, dicha modificación del Pliego podría suponer “dar carta normativa a unas posibles prácticas de restricción de la competencia aprobadas por su Consejo.
Sin embargo, no parece que la Autoridad Vasca de la Competencia, a la que la AP de Bilbao remitió las modificaciones propuestas al Pliego para que ésta hiciera sus aportaciones, haya detectado la existencia de dichas prácticas restrictivas.
En todo caso, resulta comprensible la inquietud de los transportistas ante unos requisitos para los solicitantes de la Autorización Genérica que, debiendo ser objetivos, proporcionados y no discriminatorios para responder a la necesidad de garantizar la adecuada prestación del servicio, en condiciones de igualdad y equivalencia entre operadores, establece unas condiciones de solvencia económica, de seguros y avales ciertamente exigentes.
Resulta obvio que los solicitantes de una autorización genérica deben cumplir con determinadas condiciones mínimas de solvencia, tanto económico y financiera, como técnica y profesional para obtener la misma. En todo caso, la Autoridad Portuaria de Bilbao, tal y como la propia Autoridad Vasca de la Competencia indica en su respuesta a la consulta planteada por la APB, debería aportar una justificación documental que dé soporte a las cantidades económicas exigidas tanto en lo relativo a los seguros como a los avales, los fondos propios o la cifra de negocio. Porque no es lo mismo suscribir un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 6.000.000 de euros como es el caso de Bilbao a solicitar un capital de seguro de 150.000 euros, con carácter general, como en el Puerto de Algeciras. O constituir una garantía económica por un importe mínimo de 500.000 euros, como se requiere en Bilbao, a solicitar un capital de seguro de 150.000 euros. No es lo mismo.
