La directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Pilar Jurado, se ha comprometido a estudiar las alegaciones del Consejo General de Aduanas al Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que el colectivo de representantes aduaneros rechaza frontalmente.
Jurado, se reunió el jueves de la semana pasada con Antonio Llobet y Manuel López, presidente y secretario del Consejo, respectivamente, quienes “expusieron con argumentos jurídicos el por qué el colectivo de los representantes aduaneros rechaza cada uno de las medidas negativas que se quieren introducir en el Anteproyecto”, detalló ayer el Consejo en un comunicado de prensa.
En la reunión, los representantes del Consejo hicieron hincapié en que “en España no existe ningún otro colectivo profesional que sea colaborador de la Administración, como lo son los representantes aduaneros, y que por representar a terceros estén sometidos a este conjunto de altas y desproporcionadas responsabilidades”, lo que contrasta con medidas que se impulsan en el Anteproyecto como el incremento de las sanciones.
Imposible
Durante el encuentro, igualmente, el presidente del Consejo General también dejó constancia que si se acabasen introduciendo los cambios legislativos impulsados, “ejercer a corto plazo la representación aduanera en España va a ser casi imposible”.
Además, según el Consejo, “el hecho de dificultar la fluidez en la actividad diaria de los representantes aduaneros también generaría el cierre de empresas o, en el mejor de los casos, el desvío de los despachos aduaneros hacia otros países comunitarios en cuanto la norma lo permita, que muy posiblemente será a partir del año 2025”.
