Son profesionales de diferentes nacionalidades que comparten un estilo de vida singular y difícil, entre estaciones de servicio impersonales, parkings solitarios y carreteras que se divisan interminables desde la altura de la cabina. Pero no todos cobran lo mismo por el mismo trabajo. Su salario no depende de su habilidad, antigüedad o experiencia, sino de su país de origen. La libre competencia en el sector del transporte de mercancías por carretera acaba en muchos en competencia desleal. El fenómeno del “dumping social” y las llamadas “empresas buzón” están en la base de la situación de competencia desleal que se produce entre diferentes empresas de transporte en el mismo ámbito de la Unión Europea.
Las campañas de inspección realizadas por las autoridades nacionales no son suficientes para atajar uno de los principales problemas al que se enfrenta el transporte internacional de mercancías por carretera, un sector que se liberalizó en los años 90, dando lugar a una densa legislación comunitaria en la materia, necesaria para garantizar la seguridad vial, unas condiciones de empleo estandarizadas y un clima competitivo de competencia. Sin embargo, se siguen utilizando prácticas muy diferentes en los países que operan en el mercado europeo de transporte de mercancías por carretera.
Asociaciones sectoriales, como CETM o Fenadismer, vienen reclamado insistentemente la necesidad de establecer una regulación en España que permita controlar la situación de competencia desleal que soporta el sector por la deslocalización de las grandes empresas de transporte hacia países de la Unión Europea con menores costes de explotación de la actividad. En este sentido, basta comprobar los salarios mínimos vigentes en los países del Este de Europa según el mapa de Eurostat para comprender la masiva contratación de conductores de nacionalidad búlgara, rumana o polaca, por citar tres ejemplos.
Ello ha ocasionado un impacto muy negativo para el tejido empresarial de transporte español por la actuación “insolidaria” que estarían llevando a cabo grandes empresas de transporte que se están deslocalizando en los países del Este de Europa, sustituyendo a sus trabajadores en España para aprovechar los menores costes fiscales y laborales, para así competir en mejores condiciones en el mercado de transporte internacional español en el que siguen operando.
La competencia desleal generada por las “empresas buzón” es uno de los problemas que más afectan y preocupan a los transportistas, que han visto como se han perdido más de 30.000 empleos en el sector en los últimos años
Snap 2021-07-12 at 10.04.56 Trasposición de la legislación
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de Abril el Decreto Ley 7/2021 por el que se actualiza la Ley española sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, en trasposición de una Directiva europea aprobada en 2018.
Sin embargo, dicho Decreto-Ley, que permite un mejor control de los trabajadores de empresas extranjeras que operan en España no es de aplicación al sector del transporte por carretera, debido a que por sus especiales características debe ser objeto de una regulación específica que fue incluida en el nuevo Paquete de Movilidad europeo aprobado en julio de 2020 y que el Gobierno español debe también trasponer al ordenamiento interno.
La nueva regulación recogida en el Paquete de Movilidad persigue luchar contra la competencia desleal que ejercen las empresas situadas preferentemente en los países del Este de Europa, que venían trabajando hasta ahora “con total impunidad al amparo del mercado único europeo de transporte, ocasionando en los últimos años un gravísimo daño a las empresas transportistas españolas”, según Fenadismer, que reclama al Gobierno que apruebe a la mayor brevedad dicha regulación, la cual deberá estar en vigor como fecha límite antes de febrero de 2022.
Este de Europa
Dicha regulación permitirá luchar mejor contra las llamadas empresas buzón y la competencia realizada por empresas de transporte sujetas a condiciones salariales más ventajosas, al exigir que los conductores de transporte internacional (incluidas las operaciones de cabotaje) perciban el salario mínimo del país en el que el transporte es efectuado
Para tener una idea clara de la competencia desleal que sufren los transportistas españoles, basta tener presentes los datos sobre la presencia de las flotas de transporte de los países del Este de Europa en el transporte español, que continúan controlando casi una tercera parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país, según consta en el Estudio sobre transporte internacional de mercancías por carretera que anualmente elabora el Ministerio de Transportes.
Los salarios mínimos en los Estados miembros de la UE oscilan entre 332 euros al mes en Bulgaria y 2.202 euros en Luxemburgo.Del total de 27 países de la Unión Europea 21 cuentan con un salario mínimo.Las excepciones son Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia.