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Pradales subrayó que este plan no consiste en restringir la movilidad de la ciudadanía ni las necesidades de transporte de mercancías del tejido productivo de Bizkaia, sino que trata de que ambos se desarrollen de manera más sostenible, contribuyendo a lograr los objetivos de reducción de emisiones sin afectar a la competitividad de la economía ni a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Meta final: 2035
La Diputación Foral de Bizkaia prevé aprobar en 2022 el II Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, que recogerá medidas de gestión de la movilidad y de las infraestructuras y nuevas inversiones en infraestructuras con el objetivo de doblegar la curva de la movilidad motorizada en Bizkaia. La meta final es que en 2035 la movilidad motorizada en Bizkaia sea igual o menor que la actual.
El que se está tramitando será el segundo PTS de Carreteras de Bizkaia, sucediendo al aprobado en 1999, que respondió a las necesidades de aquel momento, cuando Bizkaia afrontaba un importante déficit de infraestructuras de movilidad que lastraba el desarrollo socioeconómico. El plan de 1999 ha tenido pues un marcado carácter desarrollista para dotar a Bizkaia de la moderna red de carreteras actual, lo que ha requerido una elevada inversión pública. Pradales cifra en 15.000 millones de euros la inversión realizada por la Diputación en el desarrollo de infraestructuras viarias desde mediados de los 80, cuando asumió la competencia exclusiva en carreteras.
Superada esa fase desarrollista, el próximo PTS de Carreteras de Bizkaia debe responder a los cambios producidos en los últimos años a nivel social, económico, legislativo, técnico o medioambiental.
Emergencia climática
También a los retos de futuro, como el del cambio climático. Pradales ha recordado que el transporte por carretera genera el 17,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, siendo además el único sector que ha incrementado sus emisiones en los últimos quince años. En la actual situación de emergencia climática, ha considerado ineludible un cambio de paradigma al respecto de la movilidad, reconduciendo tendencias de uso indiscriminado del vehículo privado hacia usos más racionales de las infraestructuras y modos de transporte disponibles.
De este modo, no sólo se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero sino que se contendrá también la necesidad de inversión pública en infraestructuras.