MADRID. Tras la publicación, el pasado mes de octubre de la nueva red de itinerarios y las condiciones de circulación para los euromodulares, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) trasladó a la Dirección General de Tráfico (DGT) la necesidad de introducir diversas correcciones.
Numerosas empresas de transporte se han visto gravemente afectadas, puesto que las limitaciones aprobadas imposibilitan en muchos casos la utilización de estos vehículos, esenciales para garantizar la eficiencia y competitividad del sector.
La circulación de los megacamiones se reguló en 2016 estableciendo una red de itinerarios y previa solicitud de la autorización especial en las Jefaturas provinciales o locales de Tráfico. Sin embargo, nueve años después, y para sorpresa de la CETM, la DGT ha eliminado tramos de vías que son imprescindibles para acceder a los principales centros de carga y descarga.
Asimismo, la reducción del tramo permitido fuera de la red (que pasa de 25 a solo 10 kilómetros para entrar o salir de los itinerarios autorizados) ha dejado sin servicio a numerosos enclaves estratégicos.
Un ejemplo especialmente significativo es el de Andalucía, donde la principal autovía vertebradora, la A-92, solo está autorizada para circular con euromodulares en un pequeño tramo en la zona de Carboneras (Almería), mientras que para desplazarse de Sevilla a Málaga es necesario realizar un rodeo pasando previamente por Córdoba, y en Huelva, no se puede acceder ni al puerto ni a la mayoría de los centros industriales.
Además, se registran situaciones similares en Castellón, donde el acceso al puerto o empresas de la industria cerámica queda prácticamente bloqueado o en Extremadura, donde la prohibición de circular por la Carretera de la Sierra impide la conexión con Huelva. Y estos son solo algunos ejemplos, puesto que se están registrando restricciones que dificultan gravemente la operativa del sector en todos los territorios.
Resulta incoherente que, existiendo hasta ahora permisos para circular por determinadas carreteras y sin que haya existido incidentes de relevancia, estos se eliminen sin justificación y se establezcan límites que hacen inviable continuar prestando servicio a clientes a los que ya se atendía con normalidad. Estas restricciones suponen un retroceso evidente en términos de competitividad y eficiencia.