Desde el 1 de enero, muchos transportistas están sufriendo los fuertes incrementos del precio del combustible fijado por el Gobierno Central, denunció ayer la asociación de transporte de mercancías por carretera CETM Madrid.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2018, señala la asociación, modifica la estructura y composición del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos con efectos a partir del 1 de enero del 2019. Para CETM-Madrid, esta subida “es inaceptable por parte de un sector que lleva ya muchos años sufriendo la incomprensión por parte de las administraciones”.
“Si el sector del transporte de mercancías por carretera es estratégico -señaló el viernes CETM Madrid- las diferentes administraciones no lo entienden de la misma manera y se ataca de una manera cruel a los intereses de un sector que pasa por grandes dificultades de viabilidad económica”.
Con la modificación por parte del Gobierno central, en Madrid el impuesto se verá incrementado en 3,1 céntimos de euro por litro, aseguró la asociación.
El efecto negativo real de esta nueva composición de la estructura del impuesto se verá reflejado en la repercusión sobre los turismos y vehículos de menos de 7,5 toneladas, a los que no les resulta de aplicación la figura del gasóleo profesional, añade CETM Madrid.
La asociación demanda además la supresión del límite de los 50.000 litros anuales por vehículo que establece la figura del gasóleo profesional para vehículos a partir de 7,5 toneladas de Masa Máxima Autorizada (MMA), al entender que “perjudica a las flotas más eficientes que por sus mayores recorridos o su mayor capacidad tienen un consumo mayor”.
“Pero la situación puede llegar a ser mucho peor”, añade la asociación, ya que la otra medida que el Gobierno quiere poner en marcha dentro de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2019 sería la igualación del impuesto del gasóleo al de la gasolina, lo que supondría una subida adicional de 9,369 céntimos de litro.
“Inaceptables”
Estos incrementos son, a juicio de CETM-Madrid, “inaceptables y suponen una nueva cortapisa para el ejercicio del trabajo en un sector que debería de ser estratégico y que está azotado por parte de las Administraciones”.
