El presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Carmelo González, ha trasladado hoy al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la necesidad urgente de reforzar las medidas de apoyo al transporte de mercancías por carretera ante el fuerte incremento del precio del combustible, agravado por las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.
MADRID. “El sector afronta una situación que ha empeorado de forma significativa desde la aprobación del RDL 18/2026”, señalan desde CETM y añaden que “las ayudas extraordinarias aprobadas entonces finalizan el próximo 30 de septiembre, mientras que el precio del combustible continúa aumentando”. La CETM considera, por tanto, que “no tiene sentido que las medidas de apoyo desaparezcan cuando las circunstancias que justificaron su puesta en marcha no solo permanecen, sino que se han agravado”.
El transporte de mercancías es un sector esencial para el funcionamiento de la economía y para garantizar que alimentos, medicamentos, productos industriales y todo tipo de mercancías lleguen cada día a empresas y ciudadanos. Por ello, la CETM considera que “proteger al transporte es también proteger la cadena de suministro y la actividad económica del país”. Para la confederación, “una presión sostenida sobre los costes, unida al deterioro de la tesorería provocado por el retraso en el cobro de las ayudas, puede comprometer la capacidad de numerosas empresas de transporte para mantener su actividad precisamente en un periodo del año de elevada demanda”.
La CETM considera, además, que “una parte del incremento de la recaudación pública asociado al aumento del precio de los carburantes debe volver a la economía en forma de medidas de apoyo a los sectores más afectados”. “Cuando el encarecimiento del combustible incrementa la carga fiscal soportada por empresas y consumidores, resulta razonable que una parte de esos mayores ingresos contribuya a amortiguar el impacto económico que los está generando”, señalan. Y advierden que “no se trata únicamente de compensar al transporte: se trata de evitar que un shock extraordinario de costes termine reduciendo actividad, inversión, empleo y capacidad de consumo.
A esta situación se añade el problema de las empresas acogidas al régimen de estimación objetiva, cuyo límite de facturación se encuentra actualmente establecido en 125.000 euros anuales. “La evolución de los costes y de la facturación podría provocar que numerosas pequeñas empresas se vean obligadas a paralizar su actividad a partir de octubre, agravando todavía más la capacidad disponible de transporte”, comentan desde CETM.
Ante este escenario, y en el marco del diálogo abierto con el Gobierno para analizar el impacto de la crisis de combustible, la CETM reclama con carácter urgente prorrogar las ayudas al combustible, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2026 y reducir un 50% las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, como medida extraordinaria para aliviar los costes de las empresas y preservar su liquidez.
CETM considera que estas medidas no deben entenderse únicamente como un apoyo a un sector empresarial, sino como una actuación para garantizar el normal funcionamiento de la economía española.
“Si queremos garantizar que las mercancías sigan llegando a su destino con normalidad, necesitamos empresas de transporte capaces de seguir operando”, ha señalado Carmelo González.
La Confederación confía en que el Gobierno actúe con la misma urgencia con la que está evolucionando la situación, evitando que el incremento de los costes termine trasladándose a la disponibilidad de transporte y, en última instancia, al conjunto de la economía y de la sociedad.
UNO plantea elevar de 20 a 40 céntimos por litro la ayuda al combustible
Por su lado, el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda, también ha trasladado al vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y a la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, la necesidad de reforzar y prorrogar, al menos hasta el 31 de diciembre, las medidas extraordinarias de apoyo al transporte para paliar el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo sobre el sector logístico
Durante la reunión de seguimiento convocada por el Ministerio de Economía, UNO ha planteado elevar de 20 a 40 céntimos por litro la ayuda al combustible para los transportistas que disponen de gasóleo profesional y ampliar su vigencia más allá del próximo 30 de septiembre, al considerar que la situación que motivó su aprobación todavía no se ha normalizado y que el encarecimiento de los carburantes está condicionando seriamente las estructuras de costes de las empresas.
“Mientras persistan los factores que han provocado esta escalada, necesitamos reforzar los instrumentos de apoyo y dar a las empresas la certidumbre necesaria para planificar sus costes, mantener sus inversiones y seguir generando puestos de trabajo”, ha señalado Aranda.
La patronal ha puesto el foco, además, en uno de los colectivos que considera más expuestos a la actual escalada de costes: los transportistas que operan con furgonetas de hasta 3.500 kilos y no disponen de gasóleo profesional. Se trata de vehículos que realizan un elevado número de kilómetros, resultan esenciales para la distribución urbana, la última milla y el abastecimiento, y soportan directamente el incremento del precio del combustible, pese a quedar fuera de este mecanismo de bonificación.
UNO solicita que el descuento de 40 céntimos por litro se haga extensivo a estos vehículos o, alternativamente, que se habilite una ayuda directa de al menos 500 euros por furgoneta, en línea con el apoyo que se estableció para estos vehículos tras el estallido de la guerra de Ucrania.
“Si la ayuda busca compensar el encarecimiento del combustible, no debería depender del tipo de vehículo. En el sector agrario, el apoyo al gasóleo se vincula al combustible utilizado en la actividad. Creemos que en el transporte debería aplicarse el mismo criterio y garantizar que todos los vehículos profesionales que soportan este sobrecoste puedan acceder a la ayuda independientemente de sus características”, ha defendido Aranda.
La patronal ha reclamado que las medidas se apliquen con rapidez y aporten certidumbre a las empresas ante una escalada de costes cuya duración sigue siendo imprevisible. “No sabemos cuánto tiempo va a durar el conflicto, pero sí sabemos que los precios siguen subiendo y que las empresas no pueden asumir indefinidamente por sí solas este incremento extraordinario. Resulta imprescindible que conozcan con claridad cuándo podrán disponer de las compensaciones para incorporarlas a su planificación económica y evitar que la incertidumbre agrave sus tensiones de tesorería”, ha señalado Aranda.
UNO ha reclamado asimismo que se agilice el pago de las ayudas aún pendientes, ante los retrasos que están sufriendo las empresas para recibir unas compensaciones especialmente necesarias para las pymes. La patronal ha pedido al ministro que inste a las delegaciones de Hacienda a acelerar la tramitación de estos pagos.
Por otro lado, UNO ha trasladado también la necesidad de reactivar el plan de más de 1.000 millones de euros destinado a la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Aranda ha subrayado que “las carreteras son el lugar de trabajo de miles de transportistas y su conservación debe ser una prioridad, por razones de seguridad y eficiencia. Una red viaria en condiciones adecuadas es imprescindible para que los profesionales puedan desarrollar su trabajo con garantías”.
El presidente de UNO ha advertido además de que el estado de las infraestructuras tiene una consecuencia directa sobre la cuenta de resultados de las empresas de transporte, ya que “una red viaria deteriorada incrementa el desgaste de los vehículos y obliga a asumir mayores gastos de revisiones, mantenimiento y reparaciones”. “En un momento en el que las empresas ya están soportando una fuerte presión sobre sus costes, no podemos añadir nuevos gastos derivados de unas infraestructuras en mal estado”, ha añadido.
Por último, Aranda ha trasladado a la secretaria de Estado de Comercio la importancia de modernizar y reforzar los servicios aduaneros y de control fronterizo para garantizar la competitividad de España como hub logístico internacional. “Actualmente existen plantillas insuficientes, sistemas informáticos que no están adecuadamente integrados y una falta de coordinación entre los distintos organismos que genera duplicidades y ralentiza los procesos, con el riesgo de provocar colapsos en los momentos de mayor demanda. No valen parches, porque nos jugamos nuestra competitividad. Estas ineficiencias ya están favoreciendo el desvío de flujos de carga hacia otros países europeos”, ha advertido Aranda.
UNO ha valorado positivamente la celebración de esta reunión de seguimiento y ha reclamado al Ministerio de Economía que siga manteniendo una interlocución permanente con el sector para adaptar las medidas de apoyo a la evolución de la situación.
