MADRID. Desde Conetrans denuncian que las denominadas “falsas cooperativas” constituyen uno de los principales focos de fraude dentro del sector. Según la confederación, estas entidades utilizan fórmulas societarias concebidas para otros fines con el objetivo de eludir costes y obligaciones que sí asumen el resto de los operadores, obteniendo así ventajas competitivas injustificadas que alteran las reglas de mercado.
El transporte de mercancías por carretera es un sector altamente regulado en el que las empresas y los autónomos realizan importantes esfuerzos para adaptarse a las exigencias normativas, fiscales, laborales, medioambientales y de seguridad i para Conetrans resulta “inaceptable” que determinados operadores pretendan competir mediante el incumplimiento de dichas obligaciones, “deteriorando la rentabilidad de las empresas legalmente establecidas y poniendo en riesgo la sostenibilidad del tejido empresarial del transporte”.
Además del evidente perjuicio económico, señalan que estas prácticas erosionan la imagen del sector y generan inseguridad jurídica, trasladando al mercado una sensación de impunidad que resulta incompatible con los principios de competencia leal y respeto a la legalidad que deben regir cualquier actividad económica.
Así, desde Conetrans consideran imprescindible reforzar de forma inmediata las actuaciones inspectoras y los mecanismos de control por parte de las administraciones competentes. “La lucha contra el fraude no puede limitarse a actuaciones puntuales, sino que requiere planes específicos, coordinados y permanentes que permitan identificar, investigar y sancionar aquellas estructuras que operen incumpliendo la legislación de transporte, laboral, fiscal o de Seguridad Social”, comentan.
En este sentido, desde la confederación solitican un incremento de los recursos destinados a la inspección y una mayor coordinación entre los distintos organismos implicados para garantizar la detección efectiva de estas prácticas. Del mismo modo, reclaman que que, una vez acreditados los incumplimientos, se proceda “con toda contundencia” a la imposición de las sanciones correspondientes y, cuando proceda legalmente, al cese de actividad de aquellas entidades cuya operativa se sustente en el fraude.
“La defensa de la competencia leal exige que todos los operadores actúen bajo las mismas reglas y no es admisible que quienes cumplen con la ley tengan que competir en inferioridad de condiciones frente a quienes construyen su modelo de negocio sobre el incumplimiento sistemático de las obligaciones que el resto del sector asume”, subrayan.
En palabras de Javier Arnedo, presidente de Conetrans: “La legalidad no puede ser una desventaja competitiva. Quien incumple no puede seguir obteniendo beneficios a costa de quienes sostienen el sector con esfuerzo, inversión y responsabilidad”.