“Aunque tengamos un año de moratoria”, explicó a este Diario Carlos Folchi, abogado y secretario general de la Asociación General de Autónomos-Pymes Transportistas de Catalunya (AGTC), “existe el riesgo de que haya profesionales que tengan que dejar el sector por no disponer de una herramienta de trabajo para poder prestar sus servicios”. Se trata “de una realidad latente y de preocupación máxima porque los profesionales no saben si, de aquí a un año, podrán continuar haciendo su trabajo”, añadió.
Ante esta situación, Carlos Folchi aseguró que muchos de los asociados de la entidad “nos plantean su caso, y se verán abocados a movilizarse”, en caso de que la Administración no aporte soluciones.
El secretario general de la AGTC afirmó que la propuesta actual de la ordenanza de la ZBE es “inasumible” para el sector. “Somos conscientes que somos parte y elemento esencial de la sociedad y de la crisis medioambiental y pero queremos ser parte activa de la solución, pero con medidas realistas y posibilistas”.
“Un año es un periodo insuficiente para la reconversión de una flota que, conforme refleja la memoria de impacto económico que acompaña el Proyecto de la Ordenanza, afecta entre el 56% y 59% de los vehículos que hacen distribución de bienes en Barcelona y en el Área Metropolitana de Barcelona, lo que significa la sustitución de hasta 24.000 camiones y furgonetas en un plazo de tiempo que es imposible”. Carlos Folchi confirmó que los profesionales que se verán más afectados son los transportistas más vulnerables, “los que tienen menos capacidad económica y los que tienen más edad”. La renovación, continuó, supone un coste que puede alcanzar los 120.000 euros, “por lo que, esta parte del sector, difícilmente podrá renovar sus vehículos”.
Alternativas
“Nuestra principal pretensión es que todos los transportistas puedan seguir usando sus vehículos hasta finalizar su vida útil y, de manera progresiva, renovar las flotas”, apuntó Folchi.
El secretario general de AGTC aseguró que existen múltiples posibilidades que pueden ser compatibles con la DGT, “como subvenciones para la renovación de la flota”. Sin embargo, “parece que la Administración no es o no quiere ser consciente del problema, desconocemos su voluntad, pero estamos dispuestos a sentarnos con ellos para hablarlo”.
Carlos Folchi quiso destacar también la inseguridad jurídica a la que se ven abocados los profesionales del sector, “ya que no sabemos si los vehículos que renovamos pueden ser óptimos para que dicha renovación sea efectiva a medio y largo plazo”. En este sentido, “¿qué vehículo compramos? El futuro es absolutamente incierto”, reiteró.
Comunicado de la AGTC
Hace unos días, la Asociación General de Autónomos-Pymes Transportistas de Catalunya (AGTC) emitió un comunicado en el cual expresaba su “profunda preocupación y protesta con relación al alcance y consecuencias de aplicar la Ordenanza de la ZBE de Barcelona. La entidad manifestó que la nueva normativa supone “la conversión forzosa de más de un 50% del sector del transporte”, lo que resulta inalcanzable por diversas razones.
Entre estos motivos destacaron, según la AGTC, la inexistencia de alternativas tecnológicas para los vehículos pesados, la incapacidad financiera del tejido productivo del sector formado básicamente por autónomos y micropymes, la falta de políticas activas por parte de la Administración para facilitar la reconversión del sector, o la inseguridad de que los vehículos que se adquieran hoy y puedan circular por Barcelona, lo puedan seguir haciendo de aquí a cuatro años, entre otros.
Asimismo, la AGTC afirmó que “el sector quiere ser parte activa en la lucha contra el cambio climático, pero con medidas que sean posibilistas, realistas y con políticas públicas activas compatibles con la reconversión del sector en un tiempo razonable".