El sector del transporte de mercancías por carretera es especialmente vulnerable a este tipo de situaciones en la medida en que el combustible representa aproximadamente un tercio de sus gastos de explotación, por lo que un incremento sostenido en el precio del mismo repercute en la viabilidad de miles de empresas, en particular pymes y autónomos que operan con márgenes muy ajustados.
Es una circunstancia de suficiente gravedad como para poner en funcionamiento la cláusula de indexación del precio del combustible establecida en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo como mecanismo de atenuación en el impacto que el aumento del combustible va a tener.
Al margen de lo anterior, está la incertidumbre acerca de la afectación del conflicto en los flujos comerciales internacionales, con incidencia directa en una menor demanda de transporte, que no sólo afectaría al nivel de actividad sino a la estabilidad financiera de las empresas de transporte.
En este contexto son imprescindibles las medidas que permitan preservar la competitividad del tejido empresarial. Pueden ser fiscales, financieras, laborales, incluso mecanismos temporales de compensación. Todo ello con la finalidad de garantizar la continuidad de las empresas de transporte por carretera.
La anticipación en este tipo de soluciones mediante una colaboración público-privada es vital para mantener el equilibrio y la salud de la cadena de suministro, por lo que llamamos a abrir una inmediata mesa de diálogo con los responsables de la Administración del Estado, en aras a conservar intacta la eficacia de un sector pilar de la economía nacional.