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El senado insta al Gobierno a adoptar medidas para la mejora de las condiciones sociales y laborales de los transportistas.

La moción parlamentaria aprobada el martes 4 de diciembre por la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado, promovida por el partido Esquerra Republicana de Catalunya insta al Gobierno a adoptar medidas para la mejora laboral y social del colectivo de transportistas de mercancías por carretera.

  • Última actualización
    05 diciembre 2018 16:12

La Moción debatida, cuya proponente fue la senadora de ERC Laura Castel, expone las cada vez peores condiciones de trabajo de los conductores profesionales, las cuales están afectando de forma preocupante a los índices de siniestralidad y morbilidad, por lo que dicha actividad profesional es “reconocida como de alto riesgo por la Organización Internacional de Trabajo”, ha asegurado Fenadismer.

La moción, ha explicado la Federación, pone de relieve que el sector del transporte en España está caracterizado por “una presencia importante de conductores de avanzada edad y con facultades físicas afectadas, a lo que se le suma la presión que reciben en los centros de carga y descarga de las mercancías, donde muchas veces se utiliza la denominada cláusula de pacto en contra prevista en la Ley 15/2009 de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, para obligarles a realizar operaciones de carga y descarga sin ningún medio de seguridad o formación mínimos”.

“Esta práctica, que la Ley recoge como una excepción, se ha convertido en algo habitual por la falta de capacidad de negociación que tienen tanto pymes como autónomos con las empresas cargadoras”, ha añadido Fenadismer.

Otras cuestiones que también detalla la moción son las relativas a las remuneraciones de trabajo de los conductores, basadas en muchas ocasiones en una cantidad fija por kilómetro, así como el abuso en el pago a los trabajadores a través de las dietas que ocasiona una infracotización.

De igual forma se cita el aumento de la contratación de falsos autónomos o la deslocalización de grandes empresarios en países del Este por sus menores costes laborales, para continuar operando en España, como prácticas que conforman el fenómeno conocido como dumping social, “lo que implica una clara competencia desleal que afecta directamente tanto al sector del transporte como a la economía en general”, ha concluido la asociación.

Dentro de las medidas que la moción parlamentaria detalla se encuentran la promoción de un plan de acciones que luche contra el dumping social, mejore la cooperación en materia de inspección y control para combatir las prácticas abusivas laborales y sociales en el sector del transporte por carretera, y controle el transporte realizado en nuestro país por los transportistas establecidos en otros países de la Unión Europea.

Asimismo, la moción incluye la prohibición de que el conductor realice las labores de carga y descarga sin posibilidad de pacto en contrario, y el establecimiento de coeficientes bonificadores al trabajo efectivo realizado por los conductores profesionales que permita rebajar la edad ordinaria de jubilación.

Se pide, además, el establecimiento como infracción muy grave en materia de transporte, con pérdida de honorabilidad, las relativas a los incumplimientos por parte de las empresas de transporte de los derechos laborales de sus trabajadores.

En este sentido, Fenadismer recuerda que algunas de las medidas planteadas en la moción se incluyen en la tabla reivindicativa consensuada en noviembre por las organizaciones de transportistas que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), y que servirán de base a las negociaciones con el Gobierno que previsiblemente se iniciarán el próximo 18 de diciembre en la reunión que tendrá lugar con el Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes.