BARCELONA. El transporte por carretera catalán reconoce haber llegado tarde a la implantación del Documento de Control Administrativo digital (DeCA), tanto por parte de las empresas como de las administraciones. El sector admite que la digitalización es necesaria para mejorar la rentabilidad y reducir costes, pero reclama un periodo de adaptación y una aplicación flexible del régimen sancionador para evitar que la nueva obligación se convierta en una medida recaudatoria. La falta de información y preparación, y no el rechazo a la transformación digital, constituye uno de los principales obstáculos identificados por el sector.
Ante esta situación, las organizaciones reclaman que la aplicación del DeCA priorice la adaptación de las empresas y no la imposición de sanciones durante las primeras fases de implantación. Carlos Folchi, presidente de Fenadismer y secretario general de la Asociación General de Transportistas de Cataluña (AGTC), recordó que el sector ha dedicado las últimas dos semanas a realizar un esfuerzo para digitalizar la documentación a contrarreloj y pidió que las administraciones tengan en cuenta las dificultades que están afrontando los transportistas.
«Si esto se convierte en un método de recaudación nos estaremos haciendo trampas, ya que esto debía servir para adaptar el sector», advirtió Folchi, quien reclamó inspecciones más laxas y alertó del riesgo de generar un clima de inseguridad y sensación de persecución entre los profesionales que están intentando cumplir con la normativa.
«El objetivo es transformar el sector y requiere esfuerzos por todas las partes. Y no podemos permitir que se sancione a profesionales que intentan hacerlo lo mejor posible», añadió. En este sentido, Folchi recordó que se había trasladado al sector que se actuaría con comprensión y flexibilidad durante la implantación. Por su parte, Juan José Gil, secretario general de la Fundación Quijote, defendió que el régimen sancionador debe adaptarse a las circunstancias actuales y sostuvo que el transportista no debería asumir la responsabilidad de incumplimientos que no sean imputables a su actuación, que deberían recaer sobre el cargador cuando corresponda. La AGTC ha solicitado una reunión con el Ministerio de Transportes para abordar la situación y generar un clima de tranquilidad.
Así lo recoge un estudio sobre el grado de preparación y conocimiento de los autónomos y pymes catalanas ante la entrada en vigor del DeCA, presentado por la AGTC a través del Observatori Permanent de la Digitalització del Transport Català y con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, concretamente del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. La investigación se realizó un mes antes de la entrada en vigor de la obligación, fijada para el 5 de octubre.
«No podemos decir que sean buenos resultados. Era un reto y no hemos llegado en las mejores condiciones posibles como sector», reconoció Folchi. El representante de la AGTC defendió que el transporte tiene asumida la necesidad de avanzar en digitalización, pero advirtió de que la implantación del DeCA se ha producido sin que todas las partes dispusieran del tiempo y los recursos necesarios para prepararse.
En este sentido, Folchi señaló que tanto el Ministerio de Transportes como la Generalitat publicaron tarde las soluciones informáticas, especialmente los programas gratuitos, y que el sector privado también se vio condicionado por la llegada tardía de los parámetros técnicos necesarios para adaptar sus herramientas. «Es por eso que pedimos cierta consideración con el sector por parte de las administraciones», afirmó.
