Entre las distintas reformas legislativas detalladas en un amplio documento, las citadas patronales proponen permitir que los autónomos dedicados al transporte público de mercancías que no superen los 150.000 euros de facturación sigan encuadrados en el régimen de módulos; prohibir la carga y descarga por los conductores; reformas en la ley de Morosidad para adelantar los pagos; imposición de limitador a las furgonetas de más de 2 Tn de MMA y hacer extensivo el cumplimiento de los tiempos de trabajo a los trabajadores autónomos del transporte ligero; implementar la jubilación anticipada y la consideración en el transporte por carretera de enfermedades profesionales; resolver el dumping social de las empresas que con independencia de su establecimiento, pueden tener sus trabajadores operando por todo el territorio de la UE; establecer un sistema de ayudas a la formación efectivo para los autónomos; y elaborar un nuevo reglamento del Comité Nacional de Transporte por Carretera para la elección de sus componentes que equilibre mejor la importancia que se atribuye a las grandes empresas y a las pymes.