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Carretera

Arnedo Medina recurrirá la multa de la CNMC por entender que las acusaciones son “falsas”

Arnedo Medina Valencia, uno de los doce operadores de transporte frigorífico sancionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por pactar precios en el sector del transporte frigorífico, anunció ayer su voluntad de recurrir la decisión de la CNMC al considerar que está basada en acusaciones “absolutamente falsas”.

Arnedo Medina recurrirá la multa de la CNMC por entender que las acusaciones son “falsas”
  • Última actualización
    28 septiembre 2018 18:00

Según el comunicado hecho público ayer por Arnedo Medina, la compañía “recurrirá la sanción hasta que los tribunales se pronuncien, en última instancia, por entender que aquello que alega la CNMC es total y absolutamente falso y en ningún momento esta empresa ha participado en cártel alguno ni ha llevado a cabo prácticas de fijación de precios”.La compañía critica duramente a la CNMC por haber hecho públicas las sanciones y anuncia que denunciará por este motivo a la Comisión ante la Agencia Española de Protección de Datos, si bien hay que tener en cuenta que todas las resoluciones de expedientes de la CNMC con sus respectivas sanciones son siempre hechas públicas vía nota de prensa por la Comisión, sea cual sea la empresa y el sector al que pertenezcan.Igualmente, Arnedo Medina deja claro “su absoluto desacuerdo con la utilización del calificativo ‘cártel’, pues el mismo se adjudica a organizaciones delincuentes o mafiosas y aquí sólo se trata de empresas dedicadas a facilitar la creación de trabajo y riqueza para este país”.Hay que precisar que la palabra “cartel” no aparece en ningún momento en la nota de prensa de la CNMC en referencia directa al proceso del transporte frigorífico, siendo esta nota de prensa el único documento público de la Comisión al respecto. Dicha palabra solo aparece al final en plural en un párrafo genérico referido al Proceso de Clemencia. Por último, Arnedo Medina recuerda que  la CNMC ha sido en el último año y medio desautorizada de forma continua y continuada por las distintas sentencias del Tribunal Supremo, por su particular y peculiar forma de justificar y realizar sus inspecciones y, en consecuencia, con la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles ya sean personas físicas o jurídicas.