En un discurso claramente marcado por su inminente salida de la presidencia de CETM, Marcos Montero no perdió oportunidad ante los más de 300 directivos de empresas cargadoras y de transporte presentes en el Foro de volver a poner el dedo en la llaga del mal nuclear que atenaza históricamente las relaciones entre transportistas y clientes.Así, Montero recordó que tras 6 años de duros ajustes, el sector del transporte por carretera ha perdido más de 30.000 empresas y que, las que han sobrevivido, lo han hecho a costa de trabajar sin rentabilidad e, incluso, por debajo de los costes.“Ahora se abre un esperanzador ciclo económico, mientras las exigencias normativas y las demandas del mercado son cada vez más exigentes. Y en este entorno el precio sigue primando por encima de todo y los tender en busca de rebajas están a la orden del día”, subrayó Montero, quien a este respecto alertó del grave problema que pueden generarse si la recuperación tampoco permite que la rentabilidad regrese al sector del transporte.“Mucho cuidado -enfatizó Montero- porque las empresas de transporte tienen que tener un mínimo de rentabilidad. Es un error que los cargadores sigan buscando operaciones basada únicamente en rebajas de los precios y en reducciones de los costes”, subrayó el presidente de CETM. Reconocido por la propia AECOC al inicio de su intervención con un galardón por sus diez años al frente de CETM y ante su relevo el próximo 25 de marzo, Marcos Montero demandó para el sector “relaciones estables con los clientes” y volvió a insistir en que “sólo con un transporte sólido se logrará incrementar la competitividad de la economía.En su discurso Montero hizo referencia expresa al asunto que más ha dividido en los últimos meses a los cargadores y a los transportistas: la modificación de la normativa de pesos y dimensiones.El presidente de CETM insistió en que la clave es lograr una normativa armonizada a nivel de toda la UE; se opuso a que España imponga su reforma; y se mostró convencido de que la propuesta que está sobre la mesa puede generar “graves inconvenientes” en materia de seguridad vial, de gálibos en las carreteras, de deterioro de las infraestructuras e, incluso, en lo referente al aumento de la oferta.