De acuerdo con la nueva redacción de la LOTT, “en los supuestos de intermediación en la contratación de transportes terrestres, el transportista que efectivamente haya realizado el transporte tendrá acción directa por la parte impagada contra el cargador principal y todos los que, en su caso, le hayan precedido en la cadena de subcontratación, en caso de impago del precio del transporte por quien lo hubiese contratado, salvo en el supuesto previsto en el artículo 227.8 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.La interpretación de esta nueva herramienta, su aplicación y su verdadera efectividad fue ayer debatida en la jornada de Aeutransmer, en la que Emilio Sidera destacó que con la acción directa se genera “una responsabilidad extracontractual”, ante la que “habrá que ver el desarrollo de los hechos” y para medir su alcance cuál es exactamente “la interpretación jurisprudencial”.El más crítico con la acción directa fue Antonio García, secretario general de Anatrans, quien alertó del riesgo del “doble pago”, advirtió de que supone acabar con el principio de contratación en nombre propio del intermediario, puede distorsionar el mercado y puede favorecer la atomización al fomentar que los cargadores busquen minorar sus riesgos contratando a proveedores pequeños.Por su parte, el abogado Francisco Sánchez-Gamborino realizó una decidida defensa de la acción directa, rechazando el riesgo del doble pago pues la misma ley recoge que la acción será sobre la “parte impagada”.Eso sí, Sánchez-Gamborino mostró sus dudas acerca de la generalización de uso de esta herramienta, ante el temor de los transportistas de recibir represalias a futuro de los cargadores, tal y como sucede, según Gamborino, con otros instrumentos que existen en el mercado y el transportista no tiene fuerza para imponer, como la cláusula del gasóleo, el derecho de retención o los impagos en los portes a costes debidos.
Sidera remite a la jurisprudencia para poder constatar el impacto de la nueva “acción directa”
La “acción directa”, regulada en la disposición adicional sexta de la reforma de la LOTT, despierta dudas sobre su impacto y divergencias sobre su aplicación y utilidad, tal y como se constató en una jornada organizada ayer en Madrid por Aeutransmer, en la que el subdirector de Normativa de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, Emilio Sidera, se limitó a reseñar la importancia que tendrá la jurisprudencia para constatar el impacto y la dimensión de esta nueva norma.
- 29 septiembre 2018 01:49
- Última actualización
29 septiembre 2018 00:49