Tres han sido los EREs de extinción promovidos por los gestores de Transportes Ochoa desde comienzos de 2012, cada uno de ellos con una evolución muy diferente e igualmente con unas consecuencias muy distintas.El primer ERE, que los por entonces gestores de la compañía siempre consideraron esencial para su salvación, fue presentado el 25 de enero de 2012 y aprobado por la Dirección General de Trabajo el 23 de marzo de ese mismo año. Contemplaba la extinción de 200 puestos de trabajo, con indemnizaciones de 20 días por año trabajado, así como una reducción de 1 hora en la jornada laboral y una reducción del sueldo del 10%.El segundo ERE, que fue promovido tras la declaración del concurso de acreedores el 27 de junio de 2012 y motivado por el deterioro de la actividad de la compañía tres el parón de actividad en los primeros días de julio, afectaba, según el Informe concursal, a 300 trabajadores y fue solicitado con fecha de 31 octubre, con unas condiciones de 23 días por año trabajado.Por último, el tercer ERE es el motivado tras la solicitud de liquidación de la compañía, presentada el pasado 18 de febrero, afectando a los 240 trabajadores que en este momento quedaban en plantilla. Las condiciones ofrecidas, según fuentes próximas a la gestión de Transportes Ochoa, son exactamente las mismas que las ofrecidas en el segundo ERE. Sobre este expediente hubo ayer una reunión específica en Madrid sobre la que se informa en el recuadro adjunto.
Evolución Si nos ceñimos al análisis del primer y segundo ERE, su evolución ha sido totalmente diferente.El segundo fue rápidamente materializado gracias, como recoge textualmente el Informe Concursal, “a la diligencia de todas las partes intervinientes y a la buena fe mostrada hasta el momento tanto por los trabajadores, sindicatos, CC.OO. y UGT), y la empresa”.Esto es así hasta el punto de que, según fuentes a las que ha tenido acceso este Diario, es muy previsible que, tras la extinción de las distintas relaciones laborales a finales de 2012, los trabajadores implicados en este segundo ERE puedan comenzar ya a recibir las indemnizaciones correspondientes por parte del Fogasa de acuerdo con su normativa este mismo mes de marzo.Por el contrario, nada se sabe de cuándo podrán cobrar sus indemnizaciones los trabajadores del primer ERE, dada la maraña jurídica en la que se haya este expediente tras los sucesivos recursos presentados contra el mismo primero por UGT y Comisiones Obreras y luego principalmente por este segundo sindicato.En concreto, de acuerdo con el Informe Concursal, tras la aprobación del primer ERE por la Dirección General de Trabajo el 23 de marzo de 2012, dicha resolución fue impugnada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en vía de alzada con fecha 27 de abril de 2012, siendo el citado recurso desestimado mediante Resolución del 3 de agosto de 2012 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.Igualmente, la resolución de 23 de marzo de 2012 fue objeto también de solicitud de suspensión de la ejecutividad de la misma por parte de la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de la UGT, suspensión que fue denegada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en virtud de resolución de fecha de 25 de mayo de 2012.En medio de estos recursos y ya con el concurso de acreedores presentado, tuvo que ser la Administración Concursal la que entre julio y septiembre ejecutara este ERE, afectando a un total de 197 trabajadores.
ConcursalAhora bien, desde entonces estos trabajadores siguen sin haber podido percibir cantidad alguna de las indemnizaciones que les correspondían por razones de la situación concursal y, sobre todo, por no poder entrar el Fogasa en un expediente que sigue sin estar resuelto pues tras el rechazo a su recurso de alzada, el sindicato Comisiones Obreras decidió seguir recurriendo el ERE.En concreto, de acuerdo con el Informe Concursal, agotada la vía administrativa, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras interpuso contra el primer ERE demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, con fecha 10 de agosto de 2012.La Audiencia Nacional decidió declararse incompetente y tomó la decisión de remitir el expediente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tribunal que ayer mismo por la mañana, según fuentes muy próximas a Transportes Ochoa, comunicó oficialmente a todas las partes que se declara igualmente incompetente.Por ello, el Tribunal comunicó ayer su decisión de remitir el expediente a su vez a la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo, que deberá decidir en su momento qué órgano judicial es el competente y devolver el expediente para su posterior resolución.Esto implica que mientras los trabajadores del segundo ERE, que tuvo el acuerdo de todas las partes, podrían empezar ya, tal y como se ha señalado, a cobrar parte de sus indemnizaciones a través del Fogasa este mismo mes, los trabajadores del primer ERE, doblemente recurrido por Comisiones Obreras, no tienen de momento un horizonte claro para el cobro de sus indemnizaciones, debido a la maraña jurídica en la que el expediente ha quedado enredado.DesencadenanteCon todo, lo más relevante es que, más allá de la legitimidad sindical para recurrir, de la lentitud, complejidad e indefinición de la Justicia y de la situación de “bloqueo” en la que ahora se encuentran los antiguos trabajadores de Ochoa implicados en este primer ERE, no hay que olvidar que, según diversas fuentes muy próximas a Ochoa, más allá de las consecuencias actuales de aquellos recursos no se debe olvidar la principal y, a juicio de dichas fuentes, esencial consecuencia: la actual liquidación de la compañía.Tal y como ha venido informando Diario del Puerto en los últimos meses, aquel primer ERE había sido definido para afectar hasta un máximo de 200 trabajadores y permitir el cierre de hasta 16 centros.El objetivo, según declaró en su momento la compañía, era aplicar el ERE de forma escalonada con la voluntad de que no hubiera que recurrir a ese máximo recogido, que en lo referente al personal representaba el 26% del total de la plantilla. En concreto, a comienzos de 2012 la compañía contaba con 750 trabajadores y 45 centros.VitalEl ERE, según fuentes de la compañía, era vital para la continuidad de la misma, pues era el condicionante fijado por los bancos para mantener la financiación.La dirección de Ochoa, tal y como informó Diario del Puerto, logró el compromiso del Fogasa para financiar el ERE, hasta el punto de que, según pudo saber este Diario, el Fogasa ya tenía preparado el convenio para su firma y, además, en esta entidad se consideraba que la empresa era perfectamente viable si se aplicaba el ERE.Ahora bien, para el visto bueno definitivo del Fogasa era imprescindible contar con el pleno respaldo de los representantes de los trabajadores.Pues bien, hay que destacar que, como se ha señalado, tanto los sindicatos Comisiones Obreras y UGT como un trabajador a título individual recurrieron el ERE.Dichos recursos fueron sometidos a referéndum en distintas asambleas de los trabajadores, quienes según fuentes de los trabajadores a las que ha tenido acceso a este Diario, votaron mayoritariamente a favor de su retirada. No obstante, siguieron vigentes, de tal forma que el Fogasa entendió que los trabajadores no respaldaban el expediente, negando la financiación, por lo que en ese momento la empresa no pudo aplicarlo.El ERE era la piedra angular del acuerdo de financiación alcanzado por Ochoa con los bancos, acuerdo firmado para reactivar las líneas de descuento y sólo pendiente de que dicho ERE se aplicara.Al no haber ERE no hubo acuerdo con los bancos y se desembocó en la situación financiera insostenible de junio de 2012, que llevó a la dirección de la empresa a declarar el concurso voluntario de acreedores el día 27, antes y después para la compañía, que cesó definitivamente su actividad el pasado 18 de febrero tras solicitar los administradores concursales la liquidación de la misma.