El Ministerio de Fomento ha incluido estas medidas en el Plan de Inspección del Transporte por Carretera para 2018 para evitar el fraude fiscal.La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres aprobada en 2013 prohibió a los socios de las cooperativas de trabajo que estuvieran en posesión de autorizaciones de transporte poder facturar su actividad como servicios de transporte.Las cooperativas por entonces tuvieron que adecuar la tributación fiscal de sus socios o, en caso contrario, a desvincularse de la cooperativa e iniciar la actividad de transporte por cuenta propia.Sin embargo, las sucesivas prórrogas aprobadas por el Gobierno en el régimen de módulos han provocado la aparición de cooperativas cuyos socios tributan ilegalmente en el régimen de módulos, ha asegurado Fenadismer. La aparición de estas cooperativas, que actúan en la ilegalidad y que ha sido algo especialmente destacable en Catalunya, ha afirmado la asociación,“desacredita el buen hacer del resto de cooperativas que operan en el sector”. Fenadismer ha explicado que estas cooperativas ofertan “públicamente y sin ningún recato la posibilidad de acogerse al régimen de módulos a los socios que se integren”, con lo que no sólo contravienen la legalidad vigente, sino que además “ocasionan el consiguiente descrédito para el resto de cooperativas que actúan conforme a la ley”, añadió Fenadismer.La Federación ha asegurado que el Ministerio de Fomento está remitiendo una circular a todas las cooperativas advirtiéndoles de que dicha actuación ilegal supone el incumplimiento de la normativa de transporte terrestre.La mala práctica lleva aparejada una multa de hasta 4.001 euros por infracción muy grave por cada servicio de transporte realizado, la cual se impone tanto a la propia cooperativa como al socio que tribute indebidamente, lo que implica además la pérdida del requisito de honorabilidad y, en consecuencia, la pérdida de las autorizaciones.