BARCELONA. Desde la Federación critican que el decreto no ha sido sometido a consulta ni información previa al sector del transporte por carretera, “pese a ser uno de los sectores más afectados por la nueva regulación aprobada”, señalan.
Aunque la norma ha entrado en vigor de forma inmediata hoy domingo para iniciar el control y seguimiento de las emisiones, la obligación efectiva de adquirir y entregar derechos de emisión por los carburantes despachados a consumo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2028.
A partir de ese momento, las empresas distribuidoras y petroleras repercutirán el coste de estos derechos en el precio de venta en surtidor. Según las estimaciones técnicas manejadas por el sector, basadas en los parámetros de la Directivas europeas, incluso en el escenario más moderado previsto por Bruselas, “este nuevo gravamen encubierto podrá suponer un recargo directo de entre 12 y 14 céntimos por litro antes de impuestos, lo que elevará el sobrecoste final en surtidor a unos 15 céntimos por litro una vez aplicado el IVA”, comentan desde Fenadismer y señalan que la cifra “podría dispararse por encima de los 30 céntimos por litro a partir de 2030 si el mercado de carbono sufre tensiones especulativas”.
Así, desde Fenadismer comentan que para un vehículo pesado de transporte de mercancías, con un consumo medio anual de unos 40.000 litros de gasóleo, este recargo inicial podría representar un sobrecoste de en torno a 5.000 euros anuales por camión si no se establece ninguna medida compensatoria, “una carga inasumible para las pequeñas y medianas empresas y los transportistas autónomos que operan con márgenes muy estrechos”.
Desde FENADISMER se critica que se penalice fiscalmente el uso del gasóleo “cuando el transporte pesado por carretera carece hoy en día de una alternativa tecnológica, operativa y económicamente viable para sustituir al motor diésel en la larga distancia, debido al elevadísimo coste de los camiones eléctricos, su limitada autonomía y la práctica inexistencia de una red de recarga de alta potencia en las carreteras españolas”.
Si bien el Real Decreto-ley vincula esta reforma a la llegada de fondos europeos del Plan Social para el Clima para la renovación de flotas, FENADISMER advierte de que las ayudas anunciadas son “claramente insuficientes” para cubrir la brecha de precio de los vehículos pesados cero emisiones y que además no alcanzarán a una buena parte del tejido empresarial del sector.
Por ello, la Federación exigirá al nuevo Gobierno que salga de las urnas la revisión del Decreto-Ley aprobado antes de que el recargo sea efectivo en 2028, estableciendo mecanismos automáticos de compensación o bonificación en el gasóleo profesional para evitar la pérdida de competitividad del transporte español frente a flotas de terceros países y que asimismo se establezcan mecanismos legales que permitan a los transportistas trasladar este recargo en sus clientes.
Además, Fenadismer, dicen, seguirá insistiendo al nuevo Gobierno en la urgente necesidad de que se apruebe un plan ambicioso de ayudas, basadas en la neutralidad tecnológica, que permita al sector del transporte por carretera llevar a cabo una profunda renovación de la actual flota de transporte que contribuyan a la mejora del medio ambiente pero desde soluciones realistas.
