MADRID. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, valora de forma muy positiva el reciente giro dado por el Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Estado, al presentar un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo que otorgaba a una de las petroleras el derecho a percibir 155 millones de euros por el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos (2013-2018) declarado ilegal por la justicia europea.
Esta reacción del Ejecutivo supone una rectificación necesaria ante la “actitud pasiva” que Fenadismer ya denunció el pasado mes de Febrero. En aquel momento, la Federación calificó de “estupor” la resolución del Tribunal Supremo del 21 de enero, que abría la puerta a un “pelotazo” de más de 5.000 millones de euros en favor de las grandes petroleras, permitiéndoles recuperar un dinero que nunca salió de sus bolsillos, sino de los de sus clientes.
Para la Federación, el hecho de que la Abogacía del Estado intente ahora anular dicha sentencia demuestra que la Administración ha tomado conciencia del grave perjuicio que supondría para las arcas públicas y para la justicia tributaria regalar miles de millones de euros a las compañías energéticas.
El Tribunal Supremo había reprochado previamente a Hacienda no haber acreditado que las petroleras repercutieron el impuesto a los consumidores, una omisión que dejaba indefensos a los transportistas y particulares.
“Es de justicia que el Estado defienda los intereses de quienes realmente soportaron el gravamen: los profesionales del transporte y los consumidores finales”, señalan desde la Federación.
“No podíamos permitir que se repitiera una situación de enriquecimiento injusto donde las petroleras cobraran por duplicado: primero a sus clientes en el surtidor y ahora al Estado a través de devoluciones millonarias”.
Aunque Fenadismer celebra este movimiento judicial de Hacienda como una victoria de la coherencia, la Federación mantiene su recomendación de cautela. El proceso entra ahora en una fase determinante en la que el Tribunal Supremo deberá decidir si acepta los argumentos de la Abogacía del Estado y reconoce que devolver ese dinero a las petroleras —y no a quienes pagaron el impuesto— constituye un error judicial y un agravio comparativo inaceptable.
Fenadismer seguirá vigilante para garantizar que cualquier devolución derivada de la ilegalidad del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos llegue a manos de los transportistas, que son quienes legítimamente deben ser resarcidos por el sobrecoste soportado durante esos seis años.