MURCIA. Acogerse a la denominada como Acción Directa en el transporte, un método legal de protección para los subcontratistas, permite a los transportistas autónomos contar con “una herramienta de garantía cuando falla el eslabón intermedio en la cadena de pago”, según la abogada María Vallés Castillo en la jornada sobre la reclamación de impagos de Froet.
Así lo expuso ante una veintena de transportistas autónomos durante su intervención en la jornada informativa sobre la “Acción Directa en el ámbito del transporte”, organizada por Froet y tuvo lugar en las instalaciones de su Autoescuela en la Ciudad del Transporte de Molina de Segura.
La letrada, quien estuvo acompañada por el abogado de FROET Pedro Vallés Amores, ha subrayado que “es crucial entender que la Acción Directa no añade un nuevo derecho al transportista, sino que protege su derecho fundamental al cobro por el servicio ya prestado”.
María Vallés ha desgranado los mecanismos de esta herramienta legal, detallando que la Acción Directa también es aplicable por parte de los transportistas españoles en el transporte internacional, siempre y cuando el origen o el destino del viaje sea España, e incluso si el cargador principal tiene su residencia en otro país de la Unión Europea.
Igualmente, ha aclarado que, aunque la Acción Directa pueda generar una situación de doble pago en el cargador principal –una al intermediario al que contrató y otra segunda al transportista efectivo que no recibió su pago--, la Ley otorga al cargador un derecho de repetición para reclamar el reembolso de la cantidad pagada al transportista efectivo, frente a la empresa subcontratista que incumplió con su obligación de pago.
Al término de la charla, los ponentes resolvieron las preguntas de los asistentes, que principalmente se interesaron por saber cómo y cuándo ejercitar esta Acción Directa en su día a día.
Finalmente, los participantes disfrutaron de un café y un espacio de interrelación con los ponentes, dando fin a una acción con la que FROET refuerza el compromiso de con la seguridad jurídica y la defensa de los profesionales del transporte frente a los impagos.