MADRID. CCOO, UGT y las patronales mayoritarias tanto del sector de transporte de mercancías por carretera como de los sectores de transporte de viajeros por carretera y grúas autopropulsadas, en un claro ejemplo de diálogo social y cumpliendo con los requisitos del real decreto, solicitaron conjuntamente la aplicación de los coeficientes reductores para las personas conductoras en octubre de 2025. El real decreto marca seis meses de plazo para resolver las solicitudes y ya va para un año.
Según el Sector de Carretera y Logística ¬de FSC-CCOO, la dificultad para determinar la base estadística del colectivo sobre el que hacer los estudios retrasó de manera “comprensible” la emisión de los primeros informes de mortalidad y morbilidad de las personas conductoras de transporte de mercancías, publicados el 9 de junio, y de viajeros en autobús, el 29 de julio. No así en grúas autopropulsadas, donde aún siguen analizando cómo hacerlo.
Posteriormente, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo cumplió con el plazo de un mes para realizar sus correspondientes informes en mercancías, que publicaron el 9 de julio, y en viajeros, el 8 de septiembre, salvando el mes de agosto. La Inspección de Trabajo emitió el informe para el colectivo de personas conductoras en transporte de mercancías por carretera el 27 de julio, con apenas ocho días de retraso, y al sindicato le consta que, aunque también con un leve retraso, se ha emitido finalmente el informe de transporte de viajeros en autobús.
Así, el 27 de julio la DGOSS debería haber convocado la Comisión de Evaluación para que emitiera el informe de transporte de mercancías por carretera en el plazo de un mes y, sin embargo, a día de hoy ni siquiera la ha convocado. Igualmente, para el procedimiento de las personas conductoras de transporte de viajeros en autobús debería haberse convocado, puesto que se han emitido todos los informes necesarios para su evaluación.
Este bloqueo pone en riesgo la posibilidad de resolver los expedientes administrativos antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, fecha en la que cesarían en sus cargos los titulares de la DGOSS y de la Comisión de Evaluación.
“Si lo que el Gobierno quiere transmitir a los colectivos afectados es que van a dejar congelados los expedientes por dejación de funciones tras la convocatoria de elecciones generales, deben saber que se ponen a todo el sector en contra de esta voluntad política”, afirma CCOO.
Según el sindicato, no existe impedimento ni justificación alguna para el bloqueo de las solicitudes. “Los organismos oficiales del Estado deben seguir funcionando y siguen manteniendo la capacidad para tomar decisiones”.
Por ello CCOO exige la convocatoria inmediata de la Comisión de Evaluación y la resolución favorable de los expedientes, tal y como justifican los informes realizados hasta la fecha. De lo contrario, no descartan ningún escenario de movilización.