La Cámara de Comercio de Barcelona reivindica la necesidad de implantar un sistema de pago por uso en la red viaria de altas prestaciones del Estado, de acuerdo “con los principios establecidos por las directivas europeas de “quien usa paga” y “quien contamina paga”.
BARCELONA. La Cámara de Comercio de Barcelona ha revindicado la necesidad de implantar el pago por uso en la red viaria de altas prestaciones del Estado para garantizar el correcto mantenimiento y la mejora de las carreteras. “Este modelo debería ser único y equitativo para todo el Estado, y destinado exclusivamente a la mejora y digitalización de las vías”, apunta la Cámara.
La institución ha recordado que el levantamiento de los peajes en las autopistas catalanas en 2021, junto a la finalización de las concesiones de la AP-7, la AP-2, la C-32 Norte y la C-33 “ha provocado un fuerte incremento del tráfico”.
En este sentido, ha remarcado que un caso destacable es el de la AP-7, “que ya opera al límite de su capacidad y en solo 5 años en algunos tramos ha incrementado un 37% el tráfico de vehículos ligeros y un 55% el de vehículos pesados”. “Esto”, continúa la Cámara de Barcelona, “se ha traducido en más congestión, siniestralidad y desgaste en la infraestructura”.
La institución cameral ha indicado que a esta situación, “se debe añadir también un déficit creciente de inversión en conservación viaria”. “En concreto”, apunta, “según la Asociación Española de la Carretera (AEC), el déficit de inversión en conservación de carreteras ha pasado de 9.453 millones de euros en 2022 a 13.491 millones de euros en la actualidad”.
La Cámara de Barcelona añade que la inversión “efectiva en mantenimiento por parte de las administraciones (central, autonómicas y locales), es de unos 2.000 millones de euros anuales”. “Los datos del sector”, añade, “señalan que más de la mitad de las carreteras del Estado y de Catalunya presentan un deterioro grave o muy grave, mientras que la inversión anual efectiva en mantenimiento es claramente insuficiente para revertir esta situación”.
La institución alerta que, sin un “modelo estable de financiación, el deterioro de la red viaria continuará aumentando, con impactos negativos sobre la competitividad, la seguridad y la movilidad de personas y mercancías”.
Compromisos retirados
Por ello, la corporación “considera imprescindible retomar el debate sobre la financiación y la gestión de la red viaria y recuperar el proyecto de definición de un modelo de tarificación por uso”. “Cabe recordar que en 2021 el Estado adquirió con la Unión Europea el compromiso de establecer un mecanismo de pago por uso en las carreteras estatales, con implantación en 2024”.
La Cámara destaca que este proyecto “fue frenado y retirado dos años más tarde, con el acuerdo de Bruselas, sobre la base de la incorporación de nuevas medidas por parte del Gobierno de España de cara a cumplir los objetivos medioambientales del Plan de Recuperación, concretamente la promoción del transporte ferroviario”.
En paralelo, la Generalitat de Catalunya “trabajó en su propia fórmula antes de la pandemia con una propuesta de viñeta o tarifa plana para toda la red, independientemente de su titularidad, que pagarían todos los usuarios, tanto turismos como camiones, que supondría del orden de 1.000 millones de euros anuales de ingresos. Esta propuesta también acabó en el cajón por la ausencia de un modelo claro y definitivo a escala estatal”, ha recordado la Cámara de Barcelona.
Traspaso de carreteras
Además, la institución ha indicado que se debe planificar y ejecutar “el traspaso de todas las carreteras titularidad de la Administración del Estado en Catalunya a la Generalitat, siguiendo el ejemplo de territorios como el País Vasco”.
Para la Cámara de Barcelona, “esto facilitaría una gestión integral de la red desde todos los puntos de vista, manteniendo las inversiones necesarias para la mejora de la red bajo la responsabilidad del Gobierno de España”.
”Como horizonte final”, concluye la institución cameral, “se considera el pago por uso por distancia recorrida como el modelo más eficiente, y solo se valoraría la opción de una tarifa plana o viñeta como solución transitoria con una fecha de caducidad acordada, que debería aplicar en todo el Estado y en toda la red viaria de altas prestaciones y vías alternativas, independientemente de su titularidad”.
