En 2017 entró en vigor la Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se estableció por primera vez la prohibición permanente de circulación de camiones en las carreteras nacionales N-232 y N-124 y su desvío obligatorio por la autopista AP-68.
Esta normativa, explica Fenadismer, ha afectado a miles de transportistas que utilizan habitualmente dicha ruta para las conexiones entre el nordeste y el este peninsular.
Por ello, el Comité Nacional de Transporte por Carretera recurrió judicialmente la resolución de la DGT ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual, tres años más tarde, ha resuelto la sentencia decretando la nulidad de la misma, "al carecer de cobertura legal", según señala Fenadismer, "y no constar los índices de siniestralidad o los de congestión que motiven la resolución aprobada".
Asimismo, la sentencia indicaba que esta resolución quedaba "huérfana de justificación".
Pese a que la sentencia ha devenido firme al no haberse recurrido en casación por el Estado, la intención del Gobierno ha sido en todo momento mantener la actual prohibición de circulación de camiones por la N-232 y su consiguiente desvío obligatorio a la autopista.
Por ello, la DGT ha procedido a ejecutar la sentencia del Tribunal a través de una resolución con fecha del 17 de agosto de 2020, por la cual se ejecuta dicha sentencia revocando y anulando la resolución anual de restricciones dictada en 2017, aunque ésta ya estuviera formalmente derogada en su día al ser sustituida por la Resolución de restricciones anuales del año siguiente.
Esto, explica Fenadismer, supone en la práctica dejar sin efecto real la sentencia, por cuanto se sigue manteniendo vigente el desvío obligatorio de los camiones a la autopista de peaje, al venir recogido en la Resolución anual de restricciones a camiones para este año 2020.
En todo caso, cabe recordar que dicho desvío disfruta de una de las bonificaciones más altas a camiones, en concreto entre el 50 y el 75% del importe del peaje en función del trayecto recorrido, debido a la aportación extraordinaria que anualmente realiza el Gobierno de La Rioja junto al Ministerio de Transportes.