Según se explica desde la Federación, “después de que denunciáramos públicamente el colapso en el que se encontraba este servicio, la conselleria se puso en contacto con nosotros para asegurarnos que se iba a reforzar el servicio con la incorporación de 7 nuevos trabajadores”. Desde entonces han pasado casi dos meses “y continuamos en la misma situación denunciada que provoca inmovilizaciones de vehículos en carretera, paralización de la puesta en servicio de los vehículos recién adquiridos, negativa de los clientes a trabajar con transportistas y camiones sin la documentación al día, con especial presión en el caso de las mercancías peligrosas y, en definitiva, circulación de vehículos y conductores en situación irregular”.
El servicio de Transportes de la conselleria es el encargado de que se encuentre en regla la acreditación para desarrollar la actividad. Con el colapso que viene sufriendo en el último año, una empresa que, por ejemplo, tenía que realizar su visado en octubre, se encuentre en estos momentos sin sus autorizaciones en vigor.
Esta situación “supone una especial dificultad para el prestador del servicio ya que se encuentra sin capacidad de demostrar su legalidad, después de lo costoso y pesado que es todo el trámite de renovación de autorizaciones. Una renovación que es parte de un control administrativo que no se produce en el resto de la cadena logística”.
Situación límite
Según la FVET, el colapso llega al punto de que “para evitar que las consultas y solicitudes de información sobre los distintos expedientes en curso interfiera en el trabajo de los pocos funcionarios que se mantienen en el servicio, se ha decidido no atender llamadas ni visitas de los interesados, que se encuentran preocupados por estos retrasos”.
Ineficiencia
Para la patronal valenciana del transporte, en estos momentos “no sólo se produce una irregularidad administrativa por la inacción del servicio, que podría determinar la apertura de un expediente sancionador pese a que el interesado haya cumplido con su obligación de presentar en plazo la documentación correspondiente, sino que afecta a la operativa de los vehículos de forma que las empresas y transportistas no pueden realizar su trabajo y prestar sus servicios hasta que la administración cumpla con su trabajo y finalice los trámites”.
La conclusión es que la ineficacia administrativa acaba perjudicando al sector del transporte, al servicio que se presta a las empresas y fábricas valencianas que necesitan trasladar sus mercancías y, en definitiva, a la economía productiva valenciana.