La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, anunció ayer la aprobación a lo largo de esta legislatura de una nueva Ley de Ordenación del Transporte y de la Movilidad Sostenible de Andalucía.
La futura ley, que viene a revisar y ampliar la normativa vigente de 2003, tendrá como objetivo principal incorporar criterios de sostenibilidad a las políticas de transporte y evitar los errores del pasado “con infraestructuras construidas y terminadas sin una planificación previa ni justificación razonada de su necesidad”.
Marifrán Carazo, que compareció ayer en la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía, defendió la necesidad de basar las políticas de movilidad en “criterios sostenibles que permitan el análisis de las inversiones desde el punto de visa de la rentabilidad socioeconómica”. Esa visión permite además la aplicación de criterios de sostenibilidad ambiental y energética que permitan la optimización de los recursos y la reducción del impacto de la movilidad sobre la sociedad.
En paralelo a esta ley, la Consejería está trabajando en la redacción de los nuevos Planes de Transporte de todas las aglomeraciones urbanas de Andalucía (de las ocho provincias más el Campo de Gibraltar), que pretende incorporar iniciativas de fomento del transporte público y estrategias para reducir la elevada dependencia del vehículo privado y el fomento de la intermodalidad. La consejera avanzó que ya se cuenta con los diagnósticos de la movilidad en las áreas metropolitanas de Huelva y Málaga, a la que se sumará mañana la del Campo de Gibraltar. Además, se están concretando las licitaciones de los planes de las áreas metropolitanas de Almería, Córdoba y Granada.
A su vez, apuntó que la Consejería está avanzando en la promoción de un sistema de transporte y movilidad sostenible para toda Andalucía, mediante la promoción de transporte más ecológico, el fomento del transporte público, la utilización de las energías alternativas, la promoción del uso de la bicicleta y de los desplazamientos peatonales. Todo ello, indicó la consejera, contribuye “a una mejora sustancial del medio ambiente o, al menos, frena su deterioro y contribuye a la lucha contra el cambio climático, al ahorro y la eficiencia energética y a la reducción de la contaminación acústica y atmosférica”.