Fieldeas y el Centro Español de Logística (CEL) han presentado esta mañana en Madrid su estudio sobre el impacto del Real Decreto 3/2022, transcurridos tres años desde su implantación y con la prohibición de la carga y descarga como principal medida incluida.
Con la participación de 82 directivos, un 55% pertenecientes a empresas cargadoras y un 45% pertenecientes a empresas transportistas, el estudio ha sido presentado por Lola Hurtado, directora de Marketing de Fieldeas, y por Ramón García, director general del CEL.
En él se pone de manifiesto que esta normativa ”no ha supuesto una transformación disruptiva, pero ha actuado como catalizador de un cambio cultural hacia la profesionalización y mejora de las condiciones laborales”. Así, “ha propiciado mayor concienciación sobre la necesidad de colaboración, trazabilidad y digitalización en los procesos de carga y descarga”, se asegura.
Hay que destacar que mientras que las empresas cargadoras han percibido una mejora en la planificación y visibilidad operativa, los transportistas no observan mejoras operativas tangibles. Para estos últimos, la normativa ha tenido mayor impacto a nivel laboral que organizativo, especialmente por la prohibición de que los conductores participen en las labores de carga y descarga.
A pesar del límite legal de una hora de espera, tanto cargadores como transportistas reportan que las esperas siguen siendo excesivas en muchos casos. Un 69,23% de los transportistas y el 53,50% de los cargadores indican que sus tiempos de espera superan la hora legalmente permitida.
Además, el 44,19% de los cargadores señala un aumento de costes operativos moderado (entre el 1% y el 5%) debido a la normativa, especialmente por la necesidad de contratar personal o invertir en maquinaria. Solo un 11,63% ha experimentado aumentos superiores al 15%. Más del 80% de los cargadores y el 77% de los transportistas afirman que la relación entre ambas partes sigue igual tras la entrada en vigor del RDL. La normativa no ha logrado generar un cambio significativo en la relación entre ambos actores, aunque sí en la cultura de la colaboración.
Las principales estrategias adoptadas por los cargadores incluyen la digitalización (22,03%), la contratación de más personal (18,64%) y la automatización de procesos (15,25%). Solo un 3,39% optó por externalizar servicios.
Tanto cargadores como transportistas coinciden en que el RDL 3/2022 requiere ajustes para adaptarse mejor a la operativa real. Se demandan sanciones equitativas por tiempos de espera, digitalización obligatoria con documentación electrónica (como el eCMR), y una mayor flexibilidad que tenga en cuenta la diversidad de operaciones logísticas. La normativa es percibida como un punto de partida, pero no como una solución definitiva.
El 51,16% de las empresas cargadoras ha adoptado soluciones tecnológicas para la gestión de muelles, aunque el 48,84% aún opera de forma manual. En el lado de los transportistas, la fragmentación tecnológica sigue siendo un gran reto: muchos utilizan más de 10 plataformas distintas, lo que complica la estandarización y genera sobrecarga administrativa.
A pesar de hallar importantes retos en torno a la digitalización, tanto cargadores (55,81%) como transportistas (43,59%) coinciden en que la digitalización y automatización son medidas prioritarias para mejorar la eficiencia. Se aboga por soluciones interoperables, sencillas y centradas en la utilidad más que en la sofisticación.
Existe consenso sobre la necesidad de una normativa más clara, práctica y flexible
El 39,53% de los cargadores y el 30,77% de los transportistas creen que la digitalización se convertirá en estándar generalizado en los próximos 5 años. Sin embargo, también existe un 25% y 28% que considera que solo las grandes empresas podrán asumir esta transformación, lo que podría ampliar la brecha tecnológica.
Para los cargadores, los principales retos en los muelles son la planificación (24,74%), la visibilidad de tiempos de espera (22,68%) y la coordinación con los transportistas (22,68%). Para los transportistas, lo más crítico son los tiempos de espera (34,88%), la coordinación con cargadores (26,74%) y la falta de integración tecnológica (19,77%).
