La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró ayer a Diario del Puerto que "gran parte de las demandas del sector del transporte se han aprobado hoy en el Consejo Extraordinario de Ministros", en referencia al conjunto de medidas económicas exigidas por el Comité Nacional de Transporte por Carretera en el marco de la convocatoria de un paro patronal los próximos 27 y 28 de julio.
En respuesta a la pregunta realizada por Diario del Puerto en la rueda de prensa posterior al Consejo Extraordinario de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que todas las cuestiones trasladadas por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, al Ministerio de Hacienda "están comprendidas, la gran parte de ellas, en el nuevo acuerdo que hemos llegado en el día de hoy y que regula todas esas cuestiones en diferentes niveles de gradualidad, dependiendo del mes: julio, agosto o septiembre".
Estas medidas, explicó también la ministra, hacen referencia al mantenimiento de las prestaciones a los autónomos por cese de actividad o caída de la actividad, entre otras.
Diario del Puerto preguntó ayer al Gobierno sobre la posición del Gobierno ante el paro patronal planteado por el Comité Nacional de Transporte por Carretera para el 27 y 28 de julio a no ser que se atiendan sus peticiones, algunas de ellas relacionadas con rebajas de cotizaciones a la Seguridad Social, rebaja del IRPF, exenciones de IVA y demás medidas fiscales en el ámbito de ministerios como el de Hacienda.
Según insistió ayer la ministra, muchas de estas peticiones están contempladas en el paquete de medidas aprobado ayer por el Gobierno.
Inma Peña, redactora de Diario del Puerto, en la rueda de prensa telemática posterior al Consejo Extraordinario de Ministros junto a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. MedidasFueron varias las medidas aprobadas ayer en Consejo de Ministros.
En primer lugar, para las empresas que aún tengan problemas para reiniciar la actividad, se crea una nueva figura: el ERTE de transición. En estos casos, en los que todos los trabajadores de la empresa continúan suspendidos, las exoneraciones serán decrecientes. Para las empresas con menos de 50 trabajadores, la exoneración será del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre. En el caso de las empresas con 50 trabajadores o más, las exenciones en las cotizaciones sociales serán del 50%, del 40% y del 25% en julio, agosto y septiembre, respectivamente.
En segundo lugar, se prorrogan los ERTE de fuerza mayor (antes parcial) para las empresas que reincorporen a parte de su plantilla, que se pusieron en marcha a mediados de mayo y que han contribuido a que más de 1,4 millones de trabajadores que estaban en ERTE por fuerza mayor se hayan reincorporado a sus puestos de trabajo. En este sentido, la prórroga mantiene el espíritu actual de bonificar más a las empresas por los trabajadores activados que a los que se quedan suspendidos.
Para las empresas con menos de 50 trabajadores, las exoneraciones serán del 60% para los trabajadores activados y del 35% para los no activados durante los meses de julio, agosto y septiembre. Para las empresas con 50 y más trabajadores, las exoneraciones serán del 40% para los trabajadores activados y del 25% para los no activados durante los tres próximos meses.Autónomos
El Consejo de Ministros aprobó también ayer la prórroga a las ayudas para trabajadores autónomos, que también han sido consensuada con las principales asociaciones ATA, UPTA y UATAE. En este sentido, el Gobierno ha establecido nuevas exoneraciones en las cotizaciones sociales para los más de 1,4 millones de autónomos beneficiarios de la prestación extraordinaria hasta el 30 de junio.
En primer lugar, los beneficiarios de la prestación extraordinaria no tendrán que pagar las cotizaciones sociales del mes de julio y tendrán una exoneración del 50% en agosto y del 25% en septiembre, lo que supondrá un ahorro mínimo de más de 500 euros por autónomo durante los próximos tres meses.
Para aquellos cuya actividad aún siga muy afectada por los efectos de la pandemia, podrán acceder a la prestación por cese de actividad ordinario si su facturación en el tercer trimestre es un 75% más baja que la del mismo periodo del año pasado, siempre y cuando sus rendimientos netos en el periodo no superen la cuantía equivalente a 1,75 veces el SMI del trimestre. Esta posibilidad, que será compatible con la actividad, supone un beneficio económico mínimo de 930 euros al mes por trabajador, ya que supone una prestación económica equivalente al 70% de la base reguladora más la exoneración de las cuotas por contingencias comunes.
Inma Peña, redactora de Diario del Puerto, en la rueda de prensa telemática posterior al Consejo Extraordinario de Ministros junto a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.