Estas declaraciones se realizan a raíz de que una de las principales asociaciones de empresas cargadoras se opone a la prohibición de que el conductor realice las labores de carga y descarga porque les supondría un "sobrecoste de 2.000 millones".
En relación a dicha afirmación, Fenadismer agradece que "por fin" los cargadores “se quiten la careta” y manifiesten "a las claras" que su único motivo de rechazo a que se establezca tal prohibición es "por un simple motivo de ahorro económico, sin que les importe para nada los posibles riesgos laborales o de salud que tal actividad conlleva, agravados con la crisis sanitaria que lamentablemente venimos padeciendo en nuestro país en los últimos meses".
Asimismo, según Fenadismer, esta afirmación viene a confirmar "la absoluta falsedad del compromiso de las asociaciones de cargadores manifestado al Gobierno al principio de la pandemia en el sentido de recomendar a sus empresas asociadas que limitaran la participación de los conductores profesionales en dichas tareas para reducir los contagios, conforme a las directrices marcadas por la Unión Europea".
Además, la asociación recuerda a las empresas cargadoras que la actual legislación en materia de contrato de transporte ya establece la regla general de que las labores de carga y descarga corresponden al cargador y destinatario respectivamente, "por lo que tal afirmación del representante de la asociación de cargadores supone de facto reconocer abiertamente que dicha obligación se incumple como regla general".
Es precisamente "dicho incumplimiento generalizado" lo que motiva a las asociaciones de transportistas a exigir al Gobierno a que se establezca su prohibición por ley, sancionándolo en caso de incumplimiento. Además, recuerdan, "dicha prohibición y su correspondiente régimen sancionador, ya estuvo incluido en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres durante 10 años, por lo que bastaría con restablecer una ley que desafortunadamente fue derogada en 2013".
Lo que además resulta "especialmente ofensivo" para el colectivo de transportistas es el reconocimiento de que la "imposición a los conductores profesionales para que realicen dichas tareas les permite obtener un ahorro económico a su costa de nada menos que 2.000 millones de euros, de los que por supuesto los transportistas no obtienen beneficio económico alguno".
Por ello, Fenadismer insiste en que la aprobación de que "se prohíba que los conductores realicen las labores de carga y descarga por parte del Gobierno es una reivindicación irrenunciable", que se plantea como “línea roja” de cara a la convocatoria del Paro Nacional de Transporte promovida por unanimidad de las asociaciones nacionales de transportistas para los días 27 y 28 de julio.