Como ya anticipó Fenadismer el pasado mes de febrero, una vez que fue conocido el fallo en contra del Tribunal General de la Unión Europea contra la sanción impuesta a Scania en 2017 por la Comisión Europea por importe de 880 millones de euros, “era de prever que finalmente apelara ante instancias superiores, en un intento a la desesperada por evitar las importantes consecuencias económicas que la multa representará en su situación financiera, así como las posibles reclamaciones a las que tendrá que hacer frente”.
Por ello, el pasado viernes 8 de abril, la compañía “quemó su último cartucho judicial” ante el Tribunal de Justicia europeo mediante la interposición del correspondiente recurso de casación, que una vez sea resuelto, en caso de que sea nuevamente desestimatorio, abrirá finalmente la vía judicial para que todos los afectados que adquirieron un vehículo de dicha marca, o de cualesquiera de los otros cinco fabricantes participantes en el cartel de camiones que aún no lo hubieran hecho, puedan interponer las correspondientes reclamaciones por los perjuicios ocasionados, debido a la responsabilidad solidaria por la actuación conjunta de los fabricantes en la concertación de los sobreprecios aplicados en la venta de camiones en toda Europa durante el período que duró el cartel, lo que afectó a unos 10 millones de camiones, de los que aproximadamente 200.000 correspondieron a camiones adquiridos en España.