A un 2024 de escasos réditos le sucedió un 2025 en el que los frutos de la política en el ámbito del transporte de mercancías por carretera tampoco fueron relevantes, con una actividad en los grupos de trabajo estéril e impactada por los relevos en los departamentos del Ministerio directamente implicados.
No olvidemos que en 2025 fue relevada Roser Obrer al frente de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferroviaria y también Marta Serrano al frente de la Secretaría General de Transporte Terrestre. Sus cargos fueron ocupados por Elena María Atance y Rocío Báguena, respectivamente, impulsando la interlocución, que no sus resultados.
Es importante destacar la presentación en febrero del nuevo Plan Reconduce, orientado a contribuir a la resolución del grave problema de la falta de conductores profesionales, con un impacto de momento muy limitado. Hay que destacar, dentro del Plan, la aprobación de un programa de ayudas de 3.000 euros para la formación de cada futuro conductor.
En cualquier caso, la medida más relevante implementada en 2025, con tintes históricos, fue sin duda la aprobación y entrada en vigor de las 44 toneladas de masa máxima autorizada (MMA), pactadas por el sector en los Acuerdos de San Lázaro y que habían quedado en el aire tras los últimos comicios generales y que acumuló en 2025 nuevos retrasos burocráticos, si bien vieron por fin la luz con una acogida más que destacada por el mercado.
Otra acción destacada del año fue el proceso de renovación del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que concluyó en diciembre con el anunció de una nueva composición de cara al periodo 2026-2029. Más allá de la renovación de la mayoría de CETM, destacó la exclusión de UNO y FVET, la incorporación de Pymetrans y la no inclusión de Plataforma.
Las tensiones sobre la falta de ayudas para la renovación de flotas y sobre los calendarios de descarbonización se siguieron mostrando a lo largo del ejercicio entre Administración y patronales de transporte.
De igual manera fueron destacadas las tensiones en cuestiones de política general como la fracasada implantación de la jornada de 35 horas, el intento de fijación de nuevos impuestos a los combustibles fósiles, el control de la jornada laboral o la jubilación anticipada.
