El Consejo General de Agentes de Aduanas rechaza el Anteproyecto de Ley de Lucha contra el fraude fiscal
En el marco del sometimiento a información pública del Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, el Consejo General de Agentes de Aduanas ha remitido un amplio documento de alegaciones en el que rechaza gran parte del contenido de la propuesta normativa.
- 21 noviembre 2018 01:00
- Última actualización
20 noviembre 2018 15:43
Según el Consejo General de Agentes de Aduanas, “las medidas propuestas en el anteproyecto, en particular las que afectan al ámbito aduanero, conllevan un importante perjuicio económico y financiero para el colectivo de representantes aduaneros, sin que dicho perjuicio tenga justificación alguna en las actividades que desarrollan tales representantes, ni mucho menos en la necesidad de combatir el fraude fiscal, como se alega repetidamente en el anteproyecto”.
Además, según el Consejo, “las medidas propuestas están planteadas en unos términos de notable confusión e inseguridad jurídica, limitando el derecho de defensa e infringiendo el principio de tutela judicial efectiva, lo que con toda probabilidad generará un aumento de la litigiosidad en estos ámbitos”.
“Todo lo contrario”
Por ello, se argumenta desde el Consejo, “en modo alguno consideramos que tales modificaciones vayan a contribuir, como se afirma en la exposición de motivos, a la seguridad jurídica y a la reducción de la litigiosidad, sino probablemente a todo lo contrario”.
Según el Consejo General de Agentes de Aduanas, se da la circunstancia de que buena parte de las modificaciones que se pretenden introducir a través del citado anteproyecto afectan directa y sustancialmente al colectivo de representantes aduaneros, ya que introducen modificaciones de gran calado en el régimen de responsabilidades al que quedan sometidos, así como en los procedimientos tributarios que resultan de aplicación para determinar la deuda aduanera o la imposición de sanciones.
Además, hay que tener en cuenta que gran parte de estas modificaciones no solo afectan al colectivo de representantes aduaneros en particular, sino a todos los operadores económicos involucrados en el comercio exterior.
En sus alegaciones, el Consejo solicita, entre otras cuestiones, la eliminación del régimen de la responsabilidad tributaria por el IVA y los impuestos especiales a la importación para los representantes aduaneros.
En cualquier caso, tanto si se mantiene el régimen de la responsabilidad tributaria para ambas modalidades de representación como si se limita solamente al representante indirecto, se plantea que la responsabilidad debería quedar limitada “solamente” al levante de la mercancía.
También se solicita que los errores no puedan ser objeto de sanción cuando el declarante haya obrado sin dolo y haya empleado toda la diligencia debida.. Además se solicita no elevar a 600 euros la sanción mínima por tramitaciones fuera de plazo o de forma, reclamándose dejar libre la vía de recurso ordinario para recurrir sanciones en materia aduanera,
Se considera igualmente que debería limitarse la obligación de pago a las deudas aduaneras y tributarias garantizadas, y no a las derivadas de las declaraciones aduaneras, y que se debería introducir una excepción para evitar que los representantes directos pudieran acabar incluidos en el listado de deudores de la Hacienda Pública.