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El Consejo de Estado califica el Proyecto de Ley del Sector Ferroviario de “precipitado”

El Proyecto de Ley del Sector Ferroviario ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados estando ahora mismo inmerso en los plazos de enmiendas. Allí ha llegado acompañado de un informe previo del Consejo de Estado que critica duramente las formas escogidas para tramitar esta iniciativa legislativa, considerada por el máximo órgano consultivo como “precipitada” y repleta de preceptos “superfluos e innecesarios”.

  • Última actualización
    28 septiembre 2018 18:34

El Informe del Consejo de Estado es de fecha 30 de abril de 2015, es decir, sólo una semana antes (cuatro días hábiles) de que el anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario pasara a ser Proyecto de Ley tras su aprobación por el Consejo de Ministros el 8 de mayo. De esta forma, prácticamente no hubo tiempo material para tomar en consideración las distintas cuestiones apuntadas por el Consejo de Estado y, sobre todo, reafirmándose con ello una de las principales críticas de esta institución al proyecto normativo: la precipitación.El Consejo de Estado asegura que la tramitación del anteproyecto “ha sido precipitada” (arrancó en febrero de este año) y, aunque se cumplieron numerosos trámites, “no puede ignorarse que la audiencia a las organizaciones interesadas y los informes recabados lo han sido con tal premura y brevedad de plazo que la mayor parte de los informes solicitados no han sido emitidos o lo han sido tardíamente”.El Consejo de Estado asegura que algunos de los informes no emitidos son “fundamentales e inexcusables” y, en todo caso, asegura con respecto a los informes emitidos que es imposible que el Ministerio de Fomento haya tenido tiempo de considerarlos “de manera reposada”, tal y como ha sido el caso a posteriori con el propio informe del Consejo de Estado.El máximo órgano consultivo echa en falta especialmente los informes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del Ministerio de Economía y Competitividad, del Ministerio de Defensa, del Consejo Económico y Social y de la Federación Española de Municipios y Provincias.Por otro lado, el Consejo de Estado pone en evidencia que el Proyecto de Ley carece de memoria económica como tal.“Falta todo estudio económico de lo que la nueva regulación comportará y de su incidencia en la economía en general”, critica el Consejo de Estado, para quien “resulta palmariamente insuficiente el examen de la incidencia de las figuras parafiscales reguladas en el sistema tributario general”.“En estos extremos, no puede considerarse cumplida la exigencia legal de que la norma vaya acompañada de una memoria económica”, concluye el Consejo de Estado.ApresuradamenteDicho todo esto, el máximo órgano consultivo recuerda que a la hora de elaborar una ley “no se trata de solicitar apresuradamente informes, acumularlos y generar versiones precipitadas del texto”.“Los informes deben recabarse sobre textos que han alcanzado un grado de maduración suficiente y, sólo cuando se hayan recabado y obtenido todos los preceptivos, resulta procedente formular un nuevo texto depurado, completo y sopesado, siendo este el sometido a los informes finales” y sólo así pudiéndose saber “con certeza el alcance, contenido y finalidad de la regulación proyectada y verificar su factibilidad y practicabilidad”, recuerda el Consejo de Estado, que concluye que el Gobierno debería haber sopesado si el proyecto de Ley del Sector Ferroviario había alcanzado el grado de maduración suficiente como para ser elevado al Consejo de Ministros.Más allá de estas consideraciones básicas, el Consejo de Estado establece otros significativos reparos al Proyecto de Ley.A su entender, el texto “contiene numerosos incisos y declaraciones que ni constituyen ni incorporan auténticas normas jurídicas, ignorando que estas no tienen como finalidad ni instruir, ni informar, ni formar”.En segundo lugar, el Consejo de Estado considera que el texto “resulta excesivamente reglamentista en algunas de su previsiones”.Por último, el máximo órgano consultivo afirma que el proyecto de ley “incluye variados preceptos superfluos e innecesarios” que “reiteran previsiones contenidas en las leyes generales sin aportar nada en la mayor parte de las ocasiones”.