Un total de cinco entidades componen el equipo que permitirá trazar la solución logística para transportar, vía ferrocarril, 85.000 vehículos al año desde la planta de SEAT en Martorell al Puerto de Barcelona, desde donde serán distribuidos a los destinos finales de exportación.Las partes implicadas en este proyecto son SEAT, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Comsa Rail Transport, Pecovasa y la APB. El Consejo de Administración del Puerto de Barcelona aprobó el acuerdo firmado entre estas cinco entidades para desarrollar el futuro sistema ferroviario, según el cual se transportarán un mínimo de 85.000 vehículos por un periodo mínimo de cinco años. Según informó la APB, SEAT tiene previsto transportar a través del puerto un total de 150.000 vehículos, que actualmente llegan íntegramente por carretera.El acuerdo aprobado por el Consejo de Administración prevé la elaboración de un estudio de viabilidad técnico-económica y la definición de la ubicación de la vía para la descarga de los vehículos, así como su gestión.Según una primera estimación realizada por FGC, se calculaba que transportando 70.000 vehículos anuales se podría sacar de la carretera entre 5.000 y 10.000 camiones al año. Dado que se prevé transportar un mínimo de 15.000 automóviles más, la cifra de camiones que dejarán de realizar este trayecto, con toda seguridad, será mayor.En una entrevista mantenida con Diario del Puerto, el presidente de FGC, Joan Torres, aseguró recientemente que esta solución intermodal podría estar operativa en el plazo de un año.Nuevos consignatariosPor otro lado, el Consejo de Administración de la APB aprobó el alta en el censo de consignatarios de barcos del Puerto de Barcelona de las empresas APL Liner Agencies España SL y Compagnie Maritime dAffretément/ Compagnie General Maritime Iberica SA (CMA-CGM Ibérica SA).La APB también aprobó el Plan de Protección de las instalaciones portuarias de la empresa Meroil, situada en el Delta 1. Meroil se instaló en el enclave después de la implantación del Código ISPS, que entró en vigor el 1 de julio, y ha desarrollado también con posterioridad su Plan de Protección, que el pasado miércoles recibió el visto bueno del Consejo de Administración de la APB.