Las defensas de algunos de los implicados en el presunto fraude del dique Este del Puerto de Barcelona han recurrido parte o la totalidad de la investigación del caso por considerar que se ha vulnerado el derecho de defensa y porque las medidas ordenadas por el juzgado que lo investiga son desproporcionadas.Los recursos se han interpuesto una vez que la juez ha levantado el secreto de sumario.El caso investiga un posible fraude fiscal cometido por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por FCC, Construcciones Rubau, Ferrovial-Agroman y Copisa, que construyó la ampliación del dique Este, al comprar a la empresa Coterras 850.000 toneladas de piedra que, según algunos indicios, nunca existieron. Las empresas pagaron por este material 7,4 millones de euros. Además, la UTE facturó esa piedra a la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), por lo que también podría haber un delito de malversación de fondos públicos.En septiembre, la juez ordenó el ingreso en prisión de los dos responsables de la empresa Coterras, acusados de malversación de caudales públicos. La APB, por su parte, presentó una demanda civil contra la UTE encargada de las obras.