La AN abre juicio oral contra Palao, Navas, Menéndez-Rexach y Díaz Rato por la ampliación de El Musel
El Juzgado Central de Instrucción número de 3 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es la juez María Tardón, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra 21 personas, para las que la Fiscalía pide penas de entre dos y tres años de prisión por un delito de fraude por las obras de ampliación del puerto de El Musel, en Gijón.
- 14 septiembre 2020 14:15
- Última actualización
14 septiembre 2020 14:03
En concreto, pide tres años de prisión y nueve de inhabilitación para Fernando Palao, secretario de Estado de Transportes (2004-2010), y Mariano Navas, expresidente de Puertos del Estado (2004-2009).
Para Fernando Menéndez-Rexach, expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón (2004-20012), solicita tres años de cárcel y 25 de inhabilitación al añadir al de fraude dos delitos de prevaricación, mientras que para José Luis Díaz Rato, director de la Autoridad Portuaria de Gijón cuando sucedieron los hechos imputados, solicita tres años de prisión y 18 de inhabilitación para empleo público.
Los otros 17 encausados, para los que los que la Fiscalía pide penas de dos años de prisión y nueve de inhabilitación como cooperadores necesarios de un delito de fraude, son responsables de las empresas que formaban parte de la UTE Dique Torres (Dragados, Drace, Sato, FCC y Alvargonzález Contratas), que resultó adjudicataria de la obra.
Sobrecoste de 217 millones
Los otros 17 encausados, para los que los que la Fiscalía pide penas de dos años de prisión y nueve de inhabilitación como cooperadores necesarios de un delito de fraude, son responsables de las empresas que formaban parte de la UTE Dique Torres (Dragados, Drace, Sato, FCC y Alvargonzález Contratas), que resultó adjudicataria de la obra.
Las obras de la ampliación del Puerto de Gijón, inauguradas en enero de 2011, fueron adjudicadas por 580 millones en 2005 y finalmente costaron 800 millones. Se financiaron en parte con fondos europeos, pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto.