MADRID. La mesa redonda titulada “Distribución urbana: impactos empresariales y claves para la estabilidad ante la incertidumbre regulatoria” ha llamado a la colaboración público-privada (aunque también a la pública-pública y privada-privada).
Uno de los temas más repetidos por los ponentes ha sido el reto normativo al que se enfrentan diariamente los operadores de última milla. “Preocupa mucho la dispersión normativa. Es algo que tienen que resolver entre ayuntamientos, comunidades y el Ministerio”, ha apuntado Aitor Arteaga, vicepresidente y director de Ventas de Coca-Cola Europacific Partners. A su juicio, la agenda de sostenibilidad es un reto compartido, pero especialmente recae en las grandes empresas que pueden liderar el cambio. “Pero para hacerlo, necesitamos reglas claras y unificadas”, ha remarcado.
Adrià García, jefe del área de Transportes y Logística Inversa en Condis, ha reforzado la idea de que “las normativas son complejas, y lo peor es que cambian entre poblaciones vecinas. Esto hace muy difícil que la DUM funcione de forma fluida y eficiente”.
El diagnóstico es compartido también por el 83% de las empresas del estudio que ha presentado AECOC, que pide una estandarización normativa coordinada por las CCAA y alineada con el Ministerio de Transportes (MITMA). Una armonización que, según los ponentes, no debe significar rigidez, sino todo lo contrario: flexibilidad operativa y simplicidad procesal.