ATAP se disuelve tras agotar la vía judicial y no poder afrontar la multa de Competencia
ATAP, la Asociación de Transportistas Autónomos del Puerto de Bilbao, fundada en abril de 2013 “con el objetivo de defender los intereses de los transportistas autónomos en el puerto como actividad portuaria, lograr la paz social en el entorno del puerto, y crear un sector fuerte y competitivo”, ha cesado su actividad y se ha disuelto como organización sindical al agotar sin éxito la vía judicial en su intento de eludir la multa de 800.000 euros que le había impuesto la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) por unos hechos ocurridos en el verano de 2014 y que la AVC entiende como una infracción tipificada por el artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia.
- 04 febrero 2019 01:00
- Última actualización
01 febrero 2019 14:16
La disolución de ATAP, que se hizo efectiva a finales del pasado mes de diciembre, se produce tras varios años de litigio y después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo diera finalmente por cerrado el expediente con su sentencia de 19 de octubre de 2018 en la que estimaba el recurso de casación interpuesto por la Autoridad Vasca de la Competencia contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 17 de mayo de 2017 que daba la razón a ATAP frente a la AVC.
Así, el fallo del Tribunal Supremo desestimaba el recurso contencioso interpuesto por ATAP contra la resolución del 14 de enero de 2016 dictada por la AVC, que imponía a ATAP una sanción de 800.000 euros.
Tribunal Supremo
De esta manera, el Alto Tribunal ponía fin al recorrido judicial de la causa, que se inició el 24 de junio de 2014 cuando, como queda probado en la sentencia, ATAP anunció mediante diversos escritos enviados a la Autoridad Portuaria, a la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), a las empresas transportistas del puerto y la Autoridad Laboral, su decisión de no prestar sus servicios respecto de los buques gestionados por Maersk. La práctica se inició el 4 de julio de 2014 y tendría carácter indefinido, si bien ATAP alegó, sin éxito, haber dejado sin efecto el anuncio cuatro días después, el 8 de julio.
Además, la AVC impuso por los mismos hechos sanciones a dos empresas. En concreto, 508.344 euros a Centro de Contratación de Transportes de Vizcaya, S.Coop. (Cecotrans-Biz) y 248.308 euros a Transportes del Puerto de Santurtzi, S.Coop. (TPS). Asimismo, al igual que con ATAP, el Tribunal Supremo desestimó también los recursos interpuestos por ambas.
Boicot a Maersk
El expediente de la Autoridad Vasca de la Competencia que ha desembocado finalmente en la disolución de ATAP tuvo su origen en la investigación llevada a cabo para analizar la conducta de “una asociación empresarial, ATAP, que realiza a sus asociados una recomendación o decisión de no prestación de servicios respecto de los buques vinculados con una empresa, Maersk, por determinados cambios en su política comercial que, según la asociación, perjudican los intereses de los transportistas”, tal y como lo reflejó la AVC.