Reino Unido e Irlanda del Norte se iban de la UE, lo notificaron al Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017, y sus dirigentes no se cansan de subrayarlo en cada ocasión posible. De hecho, a mediados de octubre, su primer ministro, Boris Johnson, lanzaba una dura advertencia a la UE y aseguraba que no habrá un acuerdo comercial “sin un cambio fundamental de actitud” por parte de Bruselas. Johnson instó a los británicos a que se preparen para un “no deal” y recalcó que su país dará ese paso “con confianza” cuando culmine el período de transición del Brexit.
Además, Reino Unido advierte de que, ya que la UE “parece descartar explícitamente un acuerdo al estilo de Canadá, deberíamos prepararnos a partir del 1 de enero con acuerdos más parecidos a Australia, basado en principios simples de libre comercio global”.
Mientras, desde la UE se lanzan mensajes en positivo: sigue la negociación y el diálogo. La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguró que la UE sigue trabajando a favor de un acuerdo, que entraría en vigor el 1 de enero de 2021, “pero no a cualquier precio”.
Reino Unido ha formado parte de la Unión Europea durante más de cuarenta años, así que “el objetivo de España y de la Unión Europea es que su salida se produzca de forma ordenada a través de la adopción del Acuerdo de Retirada, evitando el impacto que supondría una salida sin acuerdo”, explica el Gobierno de España. No obstante, la retirada de Reino Unido implica un cambio de escenario que ha comenzado a apreciarse durante el período de transición en el que nos encontramos.
Actualmente, la legislación de la UE sigue aplicándose al y en el Reino Unido. La UE trata a Reino Unido como si fuera un Estado miembro, con la excepción de la participación en las instituciones y estructuras de gobernanza de la UE.
Reino Unido permanece en la Unión Aduanera de la UE y en el mercado único, y en todas las políticas de la UE. Además, sigue sujeto a las obligaciones derivadas de todos los acuerdos internacionales suscritos por la UE, es decir, en el ámbito del comercio los terceros países mantienen el mismo nivel de acceso al mercado británico y Reino Unido no puede aplicar nuevos acuerdos en ámbitos de competencia exclusiva de la UE, a menos que la UE lo autorice.
El desacuerdo
Los asuntos más delicados de la negociación están siendo los relacionados con la pesca (mantener la relación actual versus cuotas anuales), la gobernanza del nuevo convenio (mecanismo de resolución de conflictos) y la igualdad de oportunidades para asegurar una competencia justa entre las empresas británicas y comunitarias.
En este último punto, la competencia justa, la UE quiere que el Reino Unido se comprometa a que sus regulaciones en áreas como la fiscalidad, las ayudas de Estado o los requisitos laborales no diverjan de las comunitarias cuando el Reino Unido tenga acceso al mercado europeo como país tercero. ¿Por qué? Porque Bruselas teme que una relajación de las normas británicas en estas áreas, mientras el país intercambia bienes y servicios con la UE vía un acuerdo de comercio, pueda conllevar distorsiones en el mercado y en la competencia justa. Por su parte, el gobierno británico opina que esta cesión comprometería su soberanía.
Reino Unido advierte de que, ya que la UE “parece descartar explícitamente un acuerdo al estilo de Canadá, deberíamos prepararnos para un acuerdo más parecido al de Australia”
El 1 de enero de 2021 la relación de la UE con Reino Unido cambiará tanto se llegue a un acuerdo como no. Hablemos de cómo me voyReino Unido amenaza con llegar a 2021 sin acuerdo, dar portazo e iniciar relaciones comerciales con los países de la UE como si no se conocieran de nada. En la negociación de habla de muchos modelos, pero las dos que más populares son estas:
Salida “a la canadiense”
Siendo el modelo del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá, conocido como CETA, que comenzó a aplicarse en 2017, se eliminarían la mayoría de los aranceles en el intercambio de mercancías y ampliarían las cuotas comerciales entre ambos territorios.
En este escenario, Reino Unido dejaría de pagar contribuciones al presupuesto comunitario y retomaría el control de la inmigración. No obstante, se vería obligado a establecer controles fronterizos y otras barreras comerciales que no han existido entre ambos lados del canal de la Mancha en las últimas décadas.
El “pero” de esta opción, el punto más problemático, es que no contempla el acceso mutuo para los servicios financieros, uno de los principales pilares de la economía británica. Por este motivo, cuando Reino Unido habla de seguir este modelo le actualiza el nombre a “Canadá plus” o “súper Canadá plus”, para hacer referencia a que el acuerdo de libre comercio deberá incluir facilidades para que la industria financiera británica continúe operando en el resto del continente.
Salida “a la australiana”
El pacto a la “australiana” que presenta como alternativa Reino Unido es en realidad una advertencia a Bruselas ya que Australia no tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Las relaciones entre la UE y Australia se regulan con un Acuerdo Marco de Cooperación tan ajustado que prácticamente todos los intercambios se rigen por las reglas genéricas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Así las cosas, la salida de Reino Unido “a la australiana” supondría, en la práctica, anular casi por completo la cooperación comercial entre el Reino Unido y la UE. Las exportaciones e importaciones británicas estarían sujetas a aranceles, las empresas del Reino Unido no tendrían acceso preferencial al mercado único y los bancos británicos perderían su derecho a operar en la Unión.
En consecuencia, se podrían disparar los precios de los automóviles y algunos alimentos como el queso, la leche y la carne en el Reino Unido, además de dificultar el funcionamiento de las industrias ubicadas en las islas británicas con cadenas de montaje que dependen de que sus piezas crucen la frontera sin fricciones.
¿Se podría ampliar el período de transición?Se podría ampliar el periodo de transición que finaliza el 31 de diciembre de 2020, así lo confirma la UE. Si eso sucediera, las condiciones vigentes durante este periodo seguirían aplicándose.El Reino Unido no participaría como Estado miembro en el próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, o en el presupuesto de la UE a largo plazo, a partir de 2021. Sin embargo, “un período de transición prolongado requerirá una contribución financiera del Reino Unido al presupuesto de la UE, porque el Reino Unido continuaría participando plenamente en el mercado único con todas sus ventajas”, explica la Comisión Europea.El monto exacto de esta contribución financiera tendría que ser decidido por el Comité Conjunto establecido para la gobernanza del Acuerdo de Retirada. A partir de esa fecha, solo podrá participar en programas de la UE como tercer país.
Reino Unido ha formado parte de la Unión Europea durante más de cuarenta años, así que “el objetivo de España y de la Unión Europea es que su salida se produzca de forma ordenada”