En el reciente almuerzo-coloquio del Propeller Club de Barcelona efectuado el martes, Clemente y Centella hablaron, en sendas exposiciones, sobre el impacto del Brexit en el sector logístico desde un punto de vista regulatorio.
La primera exposición estuvo a cargo de Victoria Clemente quien hizo un pequeño relato cronológico a los socios del Club desde que el Reino Unido decide retirarse de la Unión Europea pasando por las negociaciones con la Unión, hasta el estado actual de bloqueo del Parlamento inglés que deja en el aire el plazo de la salida del Reino Unido del mercado Europeo.
La experta aportó datos de la magnitud y trascendencia que puede tener el Brexit sobre España: “Reino Unido tiene la quinta posición en las exportaciones desde España por un valor de unos 18.000 millones de euros y desde Cataluña por un valor de 4.000 millones de euros, de forma más o menos estable”. Según Clemente, de estas exportaciones “el 57% se hace vía terrestre, el 27% vía marítima, el 10% vía aérea y el resto por vía ferroviaria”. Esto, “evidentemente, tendrá un impacto directo en aduanas al restablecerse las fronteras donde aumentarían los controles sanitarios, fitosanitarios, etc.”, añadió la experta.
Reino Unido pasaría de regirse por las regulaciones de la Unión Europea a regirse por las regulaciones del comercio internacional afectando directamente a los requerimientos técnicos, a la resolución de disputas entre las empresas del Reino Unido y las empresas de la Unión, a los reconocimientos de licencias y certificados, y provocaría serias limitaciones con el cabotaje a terceros estados. “Todo esto implica un aumento de tiempo y por ende un aumento de costes a las empresas del sector del transporte”, destacó.
Clemente apuntó que, ante la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, los gobiernos y la Comisión Europea han pactado una serie de acuerdos y elaborado una serie de documentos y medidas de contingencia de manera que las empresas de forma general y por sectores, vayan adaptándose a la situación, y puedan autoevaluarse y ver en qué condiciones se encuentran ante un inminente Brexit.
La experta destacó principalmente que la Comisión Europea ha elaborado documentos relevantes para la adaptabilidad ante el Brexit en sectores tales como: transporte y seguridad aérea, transporte por carretera, ferroviario, marítimo, cualificación de los trabajadores, licencias para exportación e importación, entre otros.
Primeros efectos
Cuando el Reino Unido salga de la Unión Europea, recordó Clemente, ”deja de formar parte del plan de ayuda a los estados miembros de la Unión por lo que aplicaría medidas proteccionistas para proteger a su sector del transporte”.
La experta aclaró que el efecto Brexit en el transporte por carretera supone restricciones, principalmente, en los certificados y licencias. Por ello, los estados miembros y la propia Comisión están considerando prórrogas por un período de unos nueve meses para el reconocimiento de dichos certificados y licencias. Asimismo, plantea que se considerarán prórrogas en los permisos de conducción de manera bilateral.
En cuanto al transporte marítimo, apuntó, que la Unión Europea trabaja en la modificación de dos reglamentos: los de peritaje y los relacionados con los mecanismos de conexión de rutas y corredores logísticos que evidentemente cambiarían los puntos de conexión establecidos al salir el Reino Unido de la Unión.
En temas de seguridad marítima se incrementarían los controles en los puertos tanto de Reino Unido como de los miembros de la Unión porque pasarían a considerarse terceros países bajo regulaciones diferentes.
Por último, matizó que, en el sector aéreo, “aparte del evidente caos en la circulación de personas, por ley las líneas aéreas que pertenece a la Unión Europea deben de tener como mínimo un 50 % de capital que pertenezca a sus miembros; perdiendo su licencia comunitaria con un claro futuro incierto”.
Reducir los efectos
Por su parte, Natalia Centella explicó que para amortiguar los efectos del Brexit el estado español ha aprobado un real decreto que entraría en vigor en caso de que no haya acuerdo de prórroga, con el objetivo de preservar los derechos de las empresas españolas facilitando el tránsito del régimen actual hasta que se establezcan los instrumentos que regulen los acuerdos entre Reino Unido y España sujetas a un acuerdo de reconocimiento mutuo. Dándole a Reino Unido un plazo de dos meses para que los británicos reconozcan los mismos derechos a ciudadanos y empresas españolas.
Dentro del real decreto se aglutinan materias importantes en el ámbito económico como el sector del trasporte de carretera, marítimo, aéreo, aduanas, etc. con un importante impacto cortoplacista. Centella remarcó que este decreto “principalmente ayuda en las regulaciones de licencias y certificaciones y en procedimientos de licitación pública, de transportes, entre otros”.
A pesar de la incertidumbre Centella afirmó que hay razones para el optimismo “ya que la economía del Reino Unido es una economía abierta al mercado, lo que hace pensar que, al final, se logrará un buen acuerdo que pivotaría sobre tres ejes fundamentales: la aplicación de sistemas de información avanzados, marco legal de colaboración con el Reino Unido y mejoras en las infraestructuras”.