Competencia recurre la “tasa Amazon” del Ayuntamiento de Barcelona
La tasa se aplica a las entregas a domicilio solo si la compra se ha realizado a través de Internet.
La CNMC ha recurrido una ordenanza fiscal adoptada por el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona el 24 de febrero de 2023, que establece una tasa para las entregas de bienes en el domicilio de los consumidores, pero únicamente si la compra se ha realizado a través de Internet.
BARCELONA. Varias medidas de la Ordenanza obstaculizan la competencia e introducen distorsiones en los mercados de la distribución comercial minorista y en el mercado de la distribución postal.
En abril de 2023, la CNMC envió un requerimiento al Ayuntamiento de Barcelona explicando los elementos problemáticos de la Ordenanza, a fin de evitar la impugnación. Las medidas de la Ordenanza ahora impugnadas están relacionados con ciertos aspectos
En lo referente a distribución comercial minorista, la tasa grava el uso del espacio público urbano para las entregas de bienes en el domicilio de los consumidores, pero solamente cuando los productos se hayan comprado por Internet.
Sin embargo, no se aplica a las entregas a domicilio de bienes adquiridos en tiendas físicas o mediante venta telefónica ni a las entregas que no haga un operador postal, aunque se trate de una compra hecha mediante comercio electrónico. Un ejemplo sería la entrega de una compra de un comercio mediante una furgoneta de reparto del propio comerciante, aunque se haya realizado por Internet.
Competencia señala que se trata “de medidas desproporcionadas y que distorsionan la competencia al aplicarse de forma desigual según la forma de comprar y entregar los bienes”.
En cuanto a los operadores postales de menor tamaño, la CNMC señala que los operadores postales con una facturación anual inferior a un millón de euros en la ciudad de Barcelona quedan exentos de la tasa.
Esta exención distorsiona la competencia y no está justificada. Los estudios utilizados por el Ayuntamiento de Barcelona concluyen que no existe evidencia de que los operadores con una menor facturación utilicen menos el dominio público que los operadores con una facturación superior.