Así lo ha confirmado esta mañana el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en una comparecencia ante los medios de comunicación.
El primer edil ha afirmado que “alguien no hizo las cosas como debía de hacerlas”, y ha confirmado que el equipo de gobierno quiere contar con un informe jurídico para conocer el estado actual de esta situación.
La solicitud de este informe se realiza “para ver por dónde teníamos que tirar y ver las consecuencias, que son muy grandes”. De hecho, ha recordado que hay gastados más de 135 millones y ha habido indemnizaciones a propietarios, por lo que es “muy compleja la situación que se puede derivar de estos problemas”.
Además, el consistorio ignora si en estos momentos se va a presentar algún recurso contra la decisión del TSJCV por lo que “es un poco pronto para tomar decisiones”, tal y como ha declarado el primer edil esta mañana.