MADRID. La excesiva carga administrativa, la inviabilidad práctica para la certificación de capturas de una enorme cantidad de buques y las dificultades para gestionar las embarcaciones artesanales o no registradas internacionalmente, son algunos de los graves inconvenientes detectados y compartidos tanto por los representantes del Consejo General de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros (CGAA) como del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el reglamento contra la pesca ilegal.
En una reunión de trabajo realizada recientemente, los presidentes de varios colegios de agentes de aduanas y funcionarios de la Subdirección General de Control e Inspección y Lucha contra la Pesca Ilegal del MAPA también valoraron negativamente las duplicidades en las altas de operadores y buques, las carencias en las bases de datos del sistema y la falta de interoperabilidad con terceros países, que obliga a introducir manualmente información compleja.
Estos son algunos de los inconvenientes que acarrea la implantación del CATCH, una herramienta digital de la Unión Europea para el control pesquero. Obligatoria desde el pasado 10 de enero, gestiona todos los procedimientos relacionados con los certificados de captura que deben acompañar a los productos que entran en la UE.
Dado que no es autónoma, esta integrada en la plataforma TRACES (Trade Control and Expert System),habilitada para la gestión electrónica de los certificados de captura y otros documentos vinculados al control de productos pesqueros, especialmente en el marco de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Durante la reunión, los representantes de la Administración subrayaron que se trata de un sistema desarrollado e impuesto por la Comisión Europea, sin margen de modificación en el ámbito nacional y pusieron de manifiesto que España ha trasladado de forma reiterada las incidencias a los servicios competentes de la Comisión.
Asimismo, destacaron el esfuerzo realizado para resolver el colapso inicial del sistema y explicaron las limitaciones competenciales existentes en su gestión.
En lo relativo a los certificados masivos, informaron de que la solución propuesta por la Comisión Europea consiste en seguir introduciendo todos los buques y mareas en el sistema. Esta alternativa fue considerada insuficiente y poco operativa por el sector porque no reduce la carga administrativa ni resuelve los problemas estructurales detectados.
Tanto los representantes del CGAA como los del MAPA coincidieron en que, aunque la situación operativa se ha estabilizado parcialmente, el sistema presenta deficiencias relevantes que requieren una revisión urgente, especialmente en lo relativo a la integración de terceros países y la simplificación de los certificados complejos. En este contexto, ambas partes acordaron mantener una acción coordinada ante la Comisión Europea para trasladar las incidencias y trabajar en la búsqueda de soluciones.