Tras exigir Podemos al Gobierno el compromiso por escrito de la paralización de la ampliación del Aeropuerto de El Prat como condición para apoyar el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, apenas unos minutos antes de la votación el Ministerio de Transportes emitió un comunicado con cinco puntos, presidido por la advertencia de que “para el proyecto de ampliación del Aeropuerto de El Prat debe aprobarse un Plan Director”.
Así, en primer lugar, el Ministerio aclaró que “en este proceso se establecerá una vía específica para que el proyecto se evalúe con carácter vinculante sobre su grado de ajuste en emisiones de gases invernadero a los objetivos de descarbonización que determina el FITFOR55, así como las determinaciones recogidas en la Ley de Movilidad Sostenible para el transporte en general y el transporte aéreo en particular.
En segundo lugar, el Ministerio precisó que la ampliación “se someterá en todo caso a un proceso especialmente intenso de información pública y consultas con los diferentes organismos y administraciones territoriales para favorecer la participación y la transparencia”.
En tercer lugar, según Transportes, “el Plan Director se someterá a una Evaluación Ambiental Estratégica, para analizar si se han tenido en cuenta todas las consideraciones ambientales que permitirán conciliar adecuadamente el desarrollo de la infraestructura con la protección y conservación del medioambiente”.
En cuarto lugar, “como es previsible una afección a un espacio que forma parte de la RED NATURA (Laguna Ricarda), deberá tener la conformidad de la propia Comisión Europea”, aclaró el Ministerio.
Por último, “de acuerdo con las previsiones temporales y las disposiciones legales de elaboración de los documentos de regulación aeroportuaria y por todas las razones expuestas, la ejecución material de la ampliación no se realizará en el DORA III, salvo las actuaciones de naturaleza ambiental o de naturalización”, se aclaró desde Transportes.