La necesidad de un marco regulatorio o normativa que permita eximir la responsabilidad de una entidad jurídica ante el delito de uno de sus trabajadores fue el debate principal ayer en la jornada organizada por Cámara Certifica y el Centro de Laboratorios de Madrid en colaboración con la patronal UNO.
Con la normativa actual, señaló Luis Tatay, director técnico de Cámara Certifica, “es imposible eximir esa responsabilidad. Lo que sí es posible es que las empresas del sector logístico y del transporte establezcan a nivel interno protocolos para evitar delitos penales”.
Son casos que se pueden presentar con delitos de soborno a aduanas, tráfico de drogas, tráfico de órganos o de personas, especificó Tatay.
Es, por tanto, de gran importancia, añadió el director técnico de Cámara Certifica, que las empresas establezcan un sistema de gestión para la prevención de delitos penales o compliance penal.
Además del control legal global y la responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance, la jornada también versó sobre el control de equipos de metodología legal, en referencia a controles y verificaciones de pesaje y calibración.
Manuel Alegría, director técnico de CLM, fue el encargado de abordar los requisitos legales y los tipos de instrumentos para la metodología legal, es decir, instrumentos que sirven para la medición y el control de bienes y servicios que afecten a la salud pública o la seguridad de los usuarios (instrumentos de pesaje automáticos, registradores de temperatura para transporte frigorífico o analizadores por ITV, que miden la contaminación producida por los vehículos profesionales).
ISO 45001
En la jornada, Federico Martínez, director comercial de CLM y Cámara Certifica, señaló además la nueva tendencia de las empresas de logística y transporte de obtener el certificado ISO 45001, que tiene un doble compromiso por parte de las empresas: en primer lugar, el cuidado de sus trabajadores y en segundo lugar, demostrar su certificación ante el mercado y como muestra de garantía entre sus clientes y proveedores.
La nueva normativa, aprobada en 2018, certifica los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en materia de prevención de riesgos.