El sector logístico reclama mayor adaptación de la normativa actual a la actuación de las plataformas digitales. Fue la conclusión a la que se llegó ayer en la celebración de la Jornada “Plataformas digitales y nuevas tendencias” organizada en Madrid por UNO.
En la jornada estuvo presente Juan Grangel, director de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo quien dio una visión general de los principales fraudes que se están investigando en el sector logístico.
Uno de ellos, señaló Grangel, es la presencia cada vez mayor de los falsos autónomos. “Si hasta 2017 registrábamos unos 2.000 falsos autónomos anuales, en 2018 la cifra se elevó hasta los 18.000 autónomos”.
Las falsas cooperativas y las empresas buzón, estas últimas las que más están afectando al sector del transporte europeo, son los otros dos tipos de fraude más investigados a día de hoy, añadió Grangel. “Para luchar contra este tipo de fraude -explicó el director de Inspección- la Comisión Europea dispone de dos organismos”.
Por un lado, la Plataforma Europea de Trabajo No Declarado y por otro lado, la Autoridad Laboral Europea, “una nueva agencia que la Comisión creará en breve y que, entre otros aspectos, pretende luchar contra el fraude en el ámbito de los trabajadores desplazados”, especificó Grangel.
Desde la Oficina de Inspección, añadió el director del organismo ministerial, “tenemos tres objetivos principales: velar por los derechos de los trabajadores, garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social y garantizar la competencia leal entre las empresas”.
“Cualquier innovación tecnológica es buena para la economía del país -concluyó Grangel- pero necesaria de regularse”. En esta misma idea comulga la patronal de transporte y logística UNO. “Es cierto que este tipo de plataformas digitales han supuesto un proceso disruptivo en el sector logístico”, señaló Francisco Aranda, presidente de UNO.
Por ello, añadió Aranda, “es necesario que se respete de manera ordenada la ley y se garantice una competencia leal, así como es necesario modernizar nuestro mercado laboral, adaptándolo a las nuevas circunstancias tecnológicas y manteniendo unos salarios dignos y garantizar una seguridad jurídica para las empresas. Esto último solo se conseguirá a través del diálogo social y la comunicación permanente entre empresas y sindicatos”.