Según la Asociación Nacional de Empresas de Buceo Profesional, desde hace meses patronal y sindicatos han intentado la implicación y actuación de la administración española, particularmente la estatal, con competencias en la materia, “sin éxito alguno”. “Fundamentalmente, se ha pretendido la aplicación de las mayores y más modernas medidas de seguridad y su exigencia a todas las empresas que presten sus servicios profesionales de buceo, de igual forma a como ocurre en todos los mercados occidentales”, afirma la entidad, todo ello ante el importante aumento de la siniestralidad y los accidentes laborales en el ámbito de la profesión.Se denuncia que las tablas de buceo y, normas de seguridad, no se revisan desde hace más de 16 años y que la Administración “no está por la labor”.Al final, según esta entidad, la inacción de la Administración lleva a la sucesión de accidentes y a las empresas a una situación de indefensión, frente a los accidentes que se suceden y las reclamaciones de responsabilidad (incluso penal) derivadas de los accidentes.